Cambados pide que se retiren de la ley del clima las referencias a la de Costas

El gobierno socialista de la localidad someterá un acuerdo al pleno de la corporación


redacción

Cambados tiene buena parte de su sustento en el mar. Y garantizar la seguridad jurídica de las empresas que hay situadas al pie de su costa es prioritario. Quizá por eso su alcaldesa, Fátima Abal, ha sido una de las primeras en suscribir con el sector afectado un acuerdo de gobierno que se presentará al pleno de la corporación a finales de mes en la que insta los grupos del Congreso de los Diputados y al Gobierno del Estado a modificar la redacción del artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para garantizar «a seguridade xurídica e a estabilidade» a todos os sectores que conforman la cadena industrial del mar.

La iniciativa no tendría tanta trascendencia si no fuese porque Abal preside un gobierno socialista, del mismo signo que el que está impulsando una Ley del Cambio Climático que lleva en su interior la modificación del criterio de cómputo de la duración de las concesiones y de sus prórrogas ordinarias y extraordinarias.

El acuerdo impulsado por los socialistas cambadeses también persigue asegurarse de que, cuando se lleve a cabo la revisión de la Ley de Costas, esta se haga codo con codo con el sector, negociando con las empresas de la cadena mar-industria, dada su trascendencia socioeconómica para Cambados en particular y para toda Galicia en general.

Nueva ofensiva

La plataforma de afectados -en la que se integran el clúster de acuicultura, Apromar, la Federación Galega de Confrarías, Agade, Anfaco y los mejilloneros de Femex- ha retomado la estrategia con la que ya consiguieron una vez paralizar el proceso de modificación de la Ley de Costas que se había iniciado a sus espaldas.

El proyecto decayó por el gran aluvión de alegaciones recibidas y por la gran contestación social que tuvo, pero Transición Energética volvió a sorprender al sector al incluir en la ley del clima un artículo 18 que, a su criterio, altera lo ahora recogido en la legislación que ordena las actividades en el litoral. Además de presentar mociones en los concellos, mantienen contactos con grupos políticos y sindicatos.

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