Cambados trata de cobrar 300.000 euros de la fallida plataforma logística
CAMBADOS
El Concello reclama el canon de una nave que se hizo en terreno y con dinero públicos y que apenas se utilizó
24 nov 2019 . Actualizado a las 05:00 h.En el año 2011 se presentaba como una oportunidad de negocio y un avance en el sistema de gestión de residuos. La plataforma logística Inversa abría sus puertas en el polígono industrial de Sete Pías (Cambados) para proporcionarle a las empresas un lugar adonde llevar sus residuos: papel-cartón, escombros de obra, madera, vidrio, metales y plásticos. No todos los concellos disponían de puntos limpios ni de infraestructura para la recogida selectiva e Inversa se presentaba como una buena solución.
El proyecto nació con todas las bendiciones. El Concello de Cambados cedió los terrenos -lo cual le valió un conflicto con Vilanova por la titularidad de los mismos- y la Diputación de Pontevedra, a través del malogrado Ipespo, asumió las riendas del proyecto bajo el procedimiento de encomienda de gestión. Sercoysa levantó el edificio y la UTE Estévez Container Orensana S.L. y Soil Recovery S.L. asumió la gestión de la planta.
La plataforma logística precisó una inversión de 4,6 millones de euros financiados con fondos europeos y, en teoría, iba a reportarle al Concello de Cambados 104.000 euros en concepto de canon anual, de los cuales no cobró nada. Pero el gobierno local no se rinde.
Propuesta al pleno
La concejalía de Economía e Facenda, que dirige Xurxo Charlín, va a presentar en el pleno del jueves una propuesta para tratar de cobrar los 302.291 euros que se le adeudan por este concepto. Lo que plantea es poner el asunto en manos de la oficina de recaudación de la Diputación de Pontevedra (ORAL), dado que el Concello carece de capacidad para afrontar una cuestión tan compleja.
La reclamación de este canon por parte del Concello dio lugar a un largo litigio con la UTE, que tuvo su último capítulo hace meses. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó el recurso interpuesto por la concesionaria contra la reclamación de 213.816 euros en concepto de canon de explotación desde el año 2011. La UTE, que dejó de operar en el año 2015, justificó esta deuda en el hecho de que hubo errores de cálculo y no se cumplieron las expectativas de negocio, hasta el punto de que el volumen de residuos que entró en la planta fue un 97 % menos de lo previsto. Pero la justicia no atendió sus pretensiones y el TSXG acabó fallando en favor del Concello, lo que supone que la deuda contraída con el Ayuntamiento asciende, hoy por hoy, a 302.291 euros.
«A complexidade que a realización destas tarefas comporta [el cobro de la deuda], así como a súa relevancia dentro do máis amplo ámbito da Facenda Local, aconsella a utilización de fórmulas que permitan un eficaz e adecuado exercicio das facultades de recadación [voluntaria o ejecutiva], dentro dos sistemas que para este fin prevé a lexislación local aplicable», según explica Xurxo Charlín. Y el sistema más operativo, opina el concejal, lo ofrece el ORAL, que podrá ejercer le defensa de los intereses municipales en los procesos judiciales que surjan, y sin costes adicionales para las arcas locales.
Ante la complejidad que plantea el caso, el gobierno local prefiere delegar en el servicio del ORAL