Dos socios reclaman 120.000 euros de indemnización tras su expulsión de la cofradía de A Illa

Bea Costa
bea costa A ILLA / LA VOZ

A ILLA DE AROUSA

Martina Miser

El juzgado ha declarado nulo el acuerdo de la xunta xeral y los afectados piden a la junta electoral que nombre una gestora

16 may 2021 . Actualizado a las 09:02 h.

Benigno Chaves y Avelino Paz fueron expulsados de la cofradía de A Illa en marzo del 2017 y el juzgado ha declarado nulos dichos acuerdos. Lo hizo en primera instancia en marzo del 2020 y hace menos de tres meses, por resolución de la Audiencia de Pontevedra. En estos cuatro años, en vez de estar recogiendo navajas y almejas de la ría de Arousa, ambos mariscadores se vieron obligados a aparcar los aparejos para sumergirse en un mar de papeleo y hacer frente a expedientes, recursos y sentencias. Para ello contaron con la asesoría de Katy Montesinos, y los tres comparecieron ayer en rueda de prensa para dar cuenta de la situación y anunciar las medidas adoptar en el futuro inmediato.

Los mariscadores reclaman 120.000 euros en concepto de lucro cesante y daños y perjuicios por habérseles impedido trabajar en los planes de explotación del pósito; y como están convencidos de que el gobierno de la cofradía trató de perjudicarlos a sabiendas, incurriendo en una presunta prevaricación, van a echar mano de todas los recursos legales a su alcance para tratar de resarcirse.

Van a dirigirse a la junta electoral para solicitarle que deje sin efecto el resultado de las elecciones del 2018 y nombre una junta gestora alegando que se produjeron vicios en el censo y el procedimiento electoral, dado que ellos no pudieron participar en el mismo. Además, presentarán un recurso contra todos los planes de explotación aprobados desde el 2017 así como los incluidos en el plan de libre marisqueo de Rañeir@s da Ría de Arousa y otra solicitud de impugnación similar ante la Consellería do Mar. Puestos en la tesitura de poner orden en lo que consideran una actuación irregular por parte de los órganos de gobierno de la cofradía, Paz y Chaves también solicitan el libro de cuentas, el libro de actas y que se les informe sobre quién está cobrando un sueldo de la cofradía y en concepto de qué. Emprenden así una ofensiva en toda regla a la que invitan a sumarse a otros socios que lo deseen.

La génesis de este conflicto hay que buscarla en una norma que estaban aplicando en A Illa y que, según Kati Montesinos, no se ajusta a la ley. «No es cierto que la norma obligue a darse de baja en una cofradía como socio para trabajar en el plan de explotación de otros. La consellería era sabedora de esta práctica de mala información y durante años miró para otro lado», afirma. Según su versión, en esta cofradía es obligatorio estar dado de alta como socio para trabajar en sus planes de explotación, y como quiera que hay muchos mariscadores que reparten su jornada anual entre dos cofradías -en el caso de Chaves y Paz, con la de Noia-, esto les obliga a darse de baja y de alta sucesivamente. Estos se negaron a pagar los 500 euros que cuesta una nueva alta -hoy son mil euros- frente a otros que sí lo hicieron «un poco coaccionados», afirma Montesinos; a partir de ahí, la cofradía isleña les abrió un expediente disciplinario por impago en mayo de 2016 que derivó en su expulsión de la entidad. Desde entonces, ambas partes mantienen la batalla administrativa y judicial que parece no llegar a su fin.

El conflicto continúa porque, según se informó ayer en rueda de prensa, ni siquiera una sentencia judicial ha servido para hacer borrón y cuenta nueva. Paz y Chaves acaban de recibir una notificación de la cofradía por la cual se les informa de la apertura de un nuevo expediente, antes incluso de ser restituidos como socios en virtud de la última resolución judicial. Se muestran perplejos y no dudan de que tras todo lo que está ocurriendo existen razones de tipo personal contra ellos. Acusan al secretario de haber incurrido en un supuesto delito de falso testimonio y a la cofradía de haber intentado «por todos los medios posibles alargar y retrasar la resolución de procedimiento judicial», un proceso que, según explicó ayer el patrón mayor, no ha concluido.

Rial Millán no quiso entrar en más consideraciones y, en relación a la rueda de prensa, se limitó a señalar que la cofradía actuará siguiendo las instrucciones de su abogado. «Reservámonos para o que diga o xuíz». Es decir, esto no ha acabado, ni mucho menos.