Los colectivos arousanos lanzan un nuevo órdago contra la mina de Touro

La PDRA irá al juzgado si no recibe en diez días la información solicitada en agosto


vilagarcía / la voz

Están convencidos de que reabrir la mina de Touro significaría colocar una bomba de relojería a las puertas de la ría de Arousa. De que ese proyecto, «do que aínda non escotiamos ao presidente da Xunta dicir que non se vai facer» y que sigue su tramitación, es una amenaza real para los habitantes de la cuenca del Ulla. Y de que el trabajo de todos los que dependen del mar estaría, en caso de que se produjese algún fallo de seguridad, condenado a la extinción. Por todo ello, cofradías, mejilloneros, y todos los colectivos integrados en la Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa llevan tiempo librando una batalla contra el proyecto de reapertura de la explotación de Touro-O Pino. Y en el fragor de esa lucha descubrieron una nueva amenaza: la que consideran una deficiente regeneración de la antigua explotación, la que funcionó entre los años 1973 y 1986.

«Queremos saber se temos un problema aí ou non», explicaba ayer, en una rueda de prensa en Vilagarcía, el patrón mayor de Cambados, Ruperto Costa. Llevan queriendo saberlo, de hecho, desde hace meses. En enero de este año, todas las organizaciones de la PDRA, a título individual, pidieron acceso a la información de la vieja mina. Tres meses después, ante el silencio de la Dirección Xeral de Minas, trasladaron a la Valedora do Pobo su queja y, quizás a raíz de eso, «Industria déunos acceso físico na Delegación Territorial da Coruña aos documentos». Ante la mirada constante de un funcionario, los representantes de la PDRA pudieron ver unos expedientes que estaban desordenados y en los que faltaban documentos. No podían ni fotocopiarlos, ni hacerles fotos. «Era unha situación propia de corenta anos atrás e que fala da baixa calidade democrática coa que nos atopamos», aseguraba Xaquín Rubido, Xocas. Pese a todos esos «obstáculos», la plataforma consiguió elaborar un listado de documentos que querían ver con más detenimiento y lo presentaron a la Dirección Xeral de Minas. Eso fue en agosto. «Dixéronnos que ían falar coa empresa, polo tema da protección de datos, e que en quince días nos contestaban. Nin en quince días, nin en tres meses. Seguimos sen a información». Tampoco la han conseguido a través de la Valedora, a pesar de que este organismo ha llamado tres veces a la puerta de la Consellería de Industria.

Dos escritos

Por esa razón, los colectivos integrados en la PDRA han decidido dar un paso adelante. Ayer presentaron en el registro del Concello de Vilagarcía dos documentos. Uno, dirigido a la Consellería de Industria. En él le exigen que, «á maior brevidade» entreguen los documentos solicitados. Si no lo hacen en un plazo de diez días, recurrirán a los juzgados. El segundo documento entregado ayer tiene como destinataria a la Valedora do Pobo, a la que instan a declarar a la Consellería de Industria como «hostil».

«Están a ningunear á xente afectada por este proxecto»

En la rueda de prensa recibida en la capital arousana tomaron la palabra varios representantes de los sectores del mar. Francisco Alcalde, presidente del Consello Regulador do Mexillón de Galicia, fue claro y contundente. «A ameaza da da mina está aí. É un risco para todos os sectores agrarios, forestais, etcétera da zona, e é tamén unha ameaza para toda a ría de Arousa». Por eso, Alcalde quiere escuchar al presidente de la Xunta decir, claramente, que «a mina non se vai reabrir».

Ruperto Costa, el patrón mayor de Cambados, habló a continuación. «O que máis choca desta situación é que, tendo en conta a porcentaxe de poboación implicada, se nos estea a ningunear deste xeito, se nos está a tomar o pelo. Como cidadáns temos uns dereitos que non se nos están respectando». Por todo ello, «o sector do mar está moi indignado».

En ese extremo coincidió Juan Rial Millán, el patrón mayor de A Illa. «O que non pode facer unha administración é xogar co pan de miles de persoas; por iso non poden aprobar ese proxecto».

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