El Gobierno indulta al constructor que zarandeó y amenazó a una arquitecta
A ILLA DE AROUSA
Rebaja de tres a un año la pena a Chaves Daporta por detener ilegalmente y propinar golpes a la técnica del Concello de A Illa
14 jul 2015 . Actualizado a las 12:06 h.El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la concesión de siete indultos por parte del Gobierno central. De uno de ellos se verá beneficiado Juan Manuel Chaves Daporta, un constructor de A Illa de Arousa que en marzo del 2012 fue condenado por encerrar en su despacho, zarandear e incluso amenazar a la arquitecta municipal. El Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra acordó entonces condenar al acusado a tres años de prisión por detención ilegal y otro por atentado, además de a una multa de 180 euros por una falta de lesiones y a una indemnización de 1.404 euros a la víctima por los daños psicológicos sufridos. Con la medida de gracia del Consejo de Ministros, la pena de tres años por detención ilegal se queda en uno, y la multa será de dos años, con una cuota diaria de dos euros. El indulto del Gobierno central, pese a ser solo parcial, es importante para el condenado, que se libra de ir a la cárcel por carecer de antecedentes y ser ahora la pena decretada menor a tres años.
Los hechos que llegaron al Consejo de Ministros tuvieron lugar el 22 de marzo del 2010. La sentencia que se firmó dos años después consideró probado que ese día, estando la trabajadora en su despacho de la casa consistorial de A Illa, llegó el constructor Chaves Daporta e irrumpió en él, y sin darle tiempo de reacción a la víctima, cerró la puerta de la oficina y retiró la llave. Quedaron los dos solos en la oficina y el hombre, tal y como figuraba en el escrito que lo condenó, «la levantó, la zarandeó, la empujó contra el mobiliario allí existente y le dio un golpe en la parte de atrás del hombro, al tiempo que le decía que la iba a matar a ella y a su hija».
Las acusaciones vertidas entonces por el fiscal quedaron refrendadas por testigos que aseguraron oír desde fuera las amenazas del empresario; entre ellos, quien entonces era alcalde de A Illa, el socialista Manuel Vázquez, y la concejala de Servizos Sociais, Dolores Folgar, que también dijo haber sido insultada y amenaza por el empresario. Chaves Daporta, en el juicio, reconoció que había retenido a la arquitecta, pero dijo que fue por miedo, por la cantidad de gente que había fuera, y sin hacer caso omiso ni siquiera a los agentes de la Policía Local, solo abrió la puerta una hora después, cuando llegó la Guardia Civil.
La venta de un piso
En su defensa, el constructor dijo que había encerrado a la arquitecta porque, según su versión, la técnica había frustrado la venta de un piso de su propiedad al decir a unos clientes que tenía un expediente de infracción abierto y por recomendarles otros promotores.
El malestar ayer en las oficinas de la casa consistorial de A Illa, donde sigue trabajando la arquitecta, era más que evidente. La técnica municipal fue arropada por todos sus compañeros, entre ellos, el que entonces era regidor y que fue testigo de lo sucedido aquella mañana. «Sinto rabia e impotencia porque é unha medida que toma o Estado contra o Estado, contra a propia administración local. E sobre todo, indignación por non saber a causa que levou ao Consello de Ministros a tomar esta decisión, sobre todo tendo en conta que o condenado, no xuízo, recoñeceu os feitos».
«Anacrónica e absolutista»
Muy sorprendido y disgustado se mostró también el actual alcalde, Carlos Iglesias, también socialista. Entonces, quien sustituyó a Vázquez como cabeza de lista del PSOE, ni siquiera era concejal, pero vivió de cerca todo el proceso. Ahora, como regidor, califica la decisión del Gobierno central como «anacrónica e absolutista». A su entender, «é unha fraca defensa dos traballadores públicos a que fai o Consello de Ministros, que acorda indultar unha conduta que antes foi reprobada por un xuíz», subrayó Carlos Iglesias.
El regidor entiende que es una falta de respeto al Poder Judicial y a la separación de los poderes en un Estado de Derecho, y no solo por este caso, sino porque el indulto es, para el alcalde isleño, una medida de gracia «que non ten cabida no ordenamento xurídico moderno, propio dunha monarquía absolutista que é de onde procede».
Dos sentencias y la medida de gracia
La sentencia condenatoria contra el constructor isleño se dictó en marzo del 2012, cuando el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra condenó a Chaves Daporta a tres años de prisión por detención ilegal y otro año por atentado, así como a una multa de 180 euros por una falta de lesiones y a una indemnización de 1.404 euros a la víctima por los daños psicológicos sufridos. El condenado recurrió la sentencia, pero un año después, la Audiencia de Pontevedra la ratificó en los mismos términos. El constructor ya adelantó entonces que solicitaría el indulto, y ahora, cinco años después de los hechos, el Consejo de Ministros se lo concede parcialmente rebajando de tres a un año la pena por detención ilegal.