La imposibilidad de identificar a todos sus inquilinos frenó el desahucio de la narcocasa de Vilagarcía
AROUSA
La propiedad cegó el número 4 de la calle de Os Duráns con una puerta de metal y tablones de madera en sus ventanas
14 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Cuatro años después de que un grupo de individuos la convirtiesen en su maltrecho hogar, con un trasiego incesante de inquilinos flotantes y evidencias notorias de su consagración al trapicheo, la narcocasa del barrio de Os Duráns, en Vilagarcía de Arousa, fue tapiada ayer por sus propietarios. La acción llegó un día más tarde de que el número 4 de la calle que da nombre al barrio fuese pasto de las llamas. A la fuerza ahorcan, y la huida de sus habitantes, incapaces de hacer frente al fuego, ha posibilitado que la edificación se vea al fin desalojada. Algo que pudo suceder bastante antes por vía judicial, pero chocó con el criterio de la Audiencia Provincial de Pontevedra, cuyos magistrados frenaron un desahucio que parecía hecho al exigir que todos sus ocupantes fuesen debidamente identificados y notificados.
Hace tiempo, de hecho, que la propiedad recurrió al juzgado para conseguir recuperar el control sobre la vivienda. «Se hizo, efectivamente, una acción de desahucio y conseguimos identificar a dos de los ocupas contra los que aquella se dirigía, pero a última hora la Audiencia consideró que esa notificación no se había hecho de forma correcta», explica Carlos Cabada, el abogado que asiste a los dueños del inmueble. En la práctica, esa identificación de todos y cada uno de sus inquilinos que exigía el tribunal provincial resulta poco menos que imposible. En un informe elaborado en el 2023, el Cuerpo Nacional de Policía concluía que la narcocasa era frecuentada por un grupo variable que oscilaba entre las nueve y las catorce personas. Algunas de ellas la habitaban de forma permanente —un vecino asegura que antes del incendio había un inquilino fijo, por denominarlo de alguna forma, mientras que el resto iban y venían—; otros podían permanecer en ella desde unas horas hasta días enteros.
La Audiencia, en definitiva, entendió que la seguridad pública y el interés legítimo de la propiedad colisionaban con el derecho de residencia de unos ocupantes que, por otra parte, no acostumbran a someterse a los criterios de convivencia que regulan los albergues y la atención de los servicios sociales en la capital arousana. Así las cosas, sin alternativas habitacionales, la balanza judicial se inclinó de su lado. Hoy, una puerta de metal y tablones de madera ciegan sus accesos.
Los vecinos del barrio piden más garantías ante el temor a una nueva ocupación
Los propietarios del número 4 llevaron a cabo ayer tres acciones. En primer lugar, cortaron los árboles y la maleza que crecían en su patio. A continuación, dos operarios instalaron una puerta de metal y tablones de madera cruzados en sus ventanas. Por último, retiraron el canalón de recogida de la lluvia y la primera fila de tejas, que amenazaban con caer sobre la vía pública.
Sin embargo, un grupo de vecinos del barrio consideran que las medidas, con haber dificultado el acceso al interior de la narcocasa, no impedirán el regreso de quienes la ocupaban si se deciden a forzar las ventanas. Por ello, se pusieron en contacto con los responsables municipales para reclamarles que velen por un mayor grado de seguridad.
La factura de la extinción
No todos los problemas se agotan en la forma en la que se ha tapiado la vivienda. Cuando la casa padeció un primer incendio, el año pasado, el Concello de Vilagarcía giró la factura de su extinción a los propietarios: 500 euros que tuvieron que pagar. «Teniendo en cuenta que los ocupantes nos impedían el acceso para limpiar y arreglar, pero tampoco fueron desalojados y ellos provocaron el fuego, no sería lógico que ahora nos pasasen también los gastos», argumenta su letrado.