El arquitecto Carlos Berride aplaude la iniciativa de varios concellos de poner solares a disposición de la Xunta para construir vivienda pública, pero defiende que se necesita ir más allá, promoviendo la colaboración público-privada y reduciendo la burocracia que relentiza y encarece la construcción
22 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales de nuestra sociedad. Si tradicionalmente afectaba al colectivo joven, ahora afecta de forma transversal a toda la sociedad.
Vivimos en una realidad cada vez más compleja, caracterizada por múltiples formas de convivencia en las que confluyen vínculos familiares, afectivos y económicos. Todas comparten una necesidad básica: disponer de un espacio donde desarrollar las tareas cotidianas, el cuidado y el descanso.
El problema, como el urbanismo, no admite soluciones simples. El derecho a una vivienda digna y adecuada —reconocido en nuestra Constitución— ha de convivir con otros agentes igualmente legítimos: la propiedad privada, la dinámica del mercado, el impacto del nuevo modelo turístico o las dificultades de acceso a la financiación. Ordenar estos factores exige planificación, equilibrio y, sobre todo, tiempo.
Para atender la necesidad inmediata, diversos concellos han puesto solares municipales a disposición del Gobierno autonómico —véase Vilagarcía, Meaño o Sanxenxo— que cofinancia y canaliza fondos europeos obtenidos por el Gobierno de España. Es un paso correcto, pero no suficiente: no se trata de sustituir al operador privado, sino de establecer marcos de colaboración público-privada que alineen interés general y viabilidad económica.
La colaboración público-privada no debe entenderse como cesión de responsabilidades, sino como herramienta de política pública. Instrumentos como la cesión de uso del suelo por determinados años permiten reducir el coste inicial de las promociones y garantizar que la titularidad del terreno permanezca en manos públicas, así como que el edificio construido revierta a la sociedad correctamente mantenido.
Resulta imprescindible facilitar la labor de la iniciativa privada, es necesario construir más y hacerlo de manera competitiva. La complejidad administrativa y la dilación en la tramitación incrementan notablemente los gastos financieros que deben asumir los promotores, costes que inevitablemente se trasladan al precio final de la vivienda. Es cierto que la actual Ley del Suelo de Galicia ha supuesto avances relevantes en la agilización de la tramitación de los diferentes instrumentos urbanísticos necesarios para desarrollar y urbanizar el suelo, pero existe margen de mejora en la gestión y en la coordinación administrativa.
Mientras se ejecutan las viviendas necesarias para aliviar la situación actual, la Administración debe potenciar el mercado de alquiler. Ejemplos positivos como Bizigune en Euskadi o el Programa de Arrendamento Acessível en Portugal garantizan al propietario el cobro de la renta, el mantenimiento de la vivienda y la devolución de la misma al acabar el contrato o en caso de necesidad justificada, a cambio de limitar el precio del alquiler.
Garantizar el acceso a la vivienda es una responsabilidad pública. Hacerlo viable y sostenible requiere planificación, seguridad jurídica y cooperación leal entre Administraciones y sector privado. Solo así podremos pasar del diagnóstico reiterado a soluciones estructurales y duraderas.