Rueda pide a los concellos que se pongan «as pilas» con el contenedor marrón

Bea Costa
bea costa VILANOVA / LA VOZ

AROUSA

David Cabezon @ Xunta

Los ayuntamientos buscan financiación para poder cumplir con la directiva europea: «Qué facemos, subimos impostos?». La planta de biorresiduos de Baión empezará a funcionar el 1 de diciembre

22 nov 2023 . Actualizado a las 15:47 h.

El contenedor marrón destinado al depósito de residuos orgánicos está llamado a poblar las calles de los pueblos y las ciudades junto a los contenedores destinados a los envases, el vidrio o el papel. La Unión Europea exige a partir del 31 de diciembre que toda la materia orgánica se trate por separado, lo que obliga a los ciudadanos a separarla en origen, en casa o en sus negocios, y a la administración a facilitar la infraestructura necesaria para que llegue a convertirse en compost.

Muchos hogares y concellos ya lo están haciendo mediante composteros individuales y colectivos, pero esta solución está lejos de extenderse a toda la población y la UE no está dispuesta a esperar más. El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, apeló este sábado a que tanto la Xunta como los concellos «se poñan as pilas» y en esta carrera se acaba de dar un paso importante mediante la apertura de la planta de biorresiduos de Baión (Vilanova) que dará servicio a 26 concellos de la provincia.

Las instalaciones empezarán a funcionar el 1 de diciembre aunque pasarán algunos meses antes de que opere a su total capacidad dado que pocos concellos están en disposición de poder utilizarla. A día de hoy ni hay contenedores marrones en las calles ni un servicio de transporte específico para ellos y esto ocurre porque los ayuntamientos no han hecho los deberes.

Alguno, caso de Vilanova, espera poder empezar a colocarlos en el centro urbano antes de que acabe el año, pero la gran mayoría ni tiene contenedores ni sabe cuándo los podrá comprar porque carecen de medios económicos para afrontar este gasto. «Sen cartos non se poden acometer os proxectos», apunta el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, poniendo voz a una queja que comparten otros regidores. «Si, o tratamento dos residuos é unha competencia municipal, pero que facemos, subímoslle os impostos aos veciños?», reflexionaba ayer a preguntas de la prensa durante el acto inaugural celebrado en Baión.

En el caso de O Grove, por ejemplo, la dotación de contenedores marrones y el camión que los complementa implican un gasto de 150.000 euros que las arcas locales no pueden asumir, afirma el regidor, de modo que los concellos piden auxilio a otras administraciones.

José Antonio Cacabelos apunta a la Diputación de Pontevedra. Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anuncia que la Xunta va a abrir nuevas líneas de ayudas para que los ayuntamientos puedan hacerse con la infraestructura necesaria, a mayores de las bonificaciones que establece Sogama a aquellos que recojan los residuos orgánicos de forma separada para su posterior tratamiento en las plantas de biorresiduos.

Pero el tiempo corre en contra. Quien no cumpla la Directiva 2018/851 el 1 de enero se enfrenta a una sanción, aunque la conselleira de Medio Ambiente no quiso enturbiar el acto inaugural de dando un ultimátum. «Trataremos de ser o máis flexibles, non se trata de sancionar senón de que a xente se ten que concienciar».

Ángeles Vázquez recordó que la Xunta de Galicia no es la única administración con capacidad para sancionar, también lo puede hacer el Ministerio de Transición Ecológica, explicó, y a este ministerio le reprocha que no prolongara los plazos de aplicación de la directiva europea hasta diciembre de 2024. «Eu declareime en rebeldía, pero as leis están para cumprirse», apostilló la conselleira.

La concienciación

De nada sirve que se inviertan recursos económicos en contenedores y plantas de tratamiento de residuos si los ciudadanos no colaboran separando la basura adecuadamente en su casa y tirándola donde corresponde, que en el caso de la materia orgánica es el compostero o el nuevo contenedor marrón. «Estas cosas [el compostaje] se hicieron toda la vida en Galicia, pero ahora aquí [Baión] se van a hacer a lo bestia», indicó el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán. «Pedímoslle aos veciños que fagan un esforzo para que fagan a separación dos residuos na súa casa (...) hai que volver aos hábitos saudables», abundó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el acto inaugural celebrado en Vilanova de Arousa.

Así funciona la planta: un proceso de ocho semanas sin malos olores ni ruidos

La planta de biorresiduos de Vilanova comenzará a funcionar el 1 de diciembre y dará servicio a 26 concellos que suman una población de 327.000 habitantes. Se trata de Vilanova, Barro, Boiro, Caldas, Cambados, Campo Lameiro, Catoira, Cuntis, Dodro, O Grove, A Illa, Marín, Meaño, Meis, Moraña, Padrón, A Pobra, Poio, Pontevedra, Portas, Rianxo, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilaboa y Vilagarcía.

La Xunta invirtió 5,8 millones de euros en una planta que está dotada de la última tecnología y que será, en parte, autosuficiente energéticamente a través de paneles solares fotovoltaicos. Tiene capacidad para tratar cada año 15.000 toneladas de la materia orgánica que recojan los concellos y otras 7.000 toneladas de material estructurante correspondiente a podas y restos de madera.

La planta integra todas las fases do proceso de compostaje de los residuos orgánicos —desde el pretratamiento y fermentación hasta la maduración y almacenamiento—, lo que permitirá que cada año produzca unas 6.000 toneladas de compost de alta calidad que será usado en la agricultura y en jardinería en sustitución de fertilizantes artificiales.

El proceso, desde que entran los camiones hasta que se obtiene el compost, dura ocho semanas y todo ello sin generar residuos industriales ni tampoco malos olores ni ruidos, según explicó la directora general de Sogama, Mirta Sueiro, que ayer ejerció de cicerone en la visita realizada a la planta para la comitiva que acompañó al presidente Rueda, entre los cuales se encontraban varios alcaldes de O Salnés. La planta de Baión forma parte de la red de infraestructuras públicas para la valorización de materia orgánica que tendrá 17 instalaciones activas con una inversión de 45 millones de euros por parte de la Xunta.