Visita de primer nivel del BNG a Cambados, desde donde reclama que Galicia pueda legislar sobre el uso y blindaje de su industria del mar
AROUSA
Néstor Rego y Montse Prado reiteraron la postura activa de la formación nacionalista en defensa del sector frente a los cambios normativos fijados desde Madrid
09 jul 2022 . Actualizado a las 22:05 h.La base de datos Ardán del Consorcio Zona Franca de Vigo situó a Mariscos Daporta como la 48.ª empresa por facturación con sede en el sur de Arousa en el 2020, con 6,9 millones de euros. Un volumen de negocio elevado al entorno de los 8 el año pasado, apunta Pepe Daporta, con una plantilla de 25 trabajadores. No es de extrañar pues que la parlamentaria autonómica del BNG Montse Prado arrancase su visita a Mariscos Daporta junto al diputado nacionalista en el Congreso Néstor Rego diciendo: «Estamos no quilómetro 0 do problema xerado polo informe emitido por Costas do Estado a conta do plan especial do Porto de Tragove». Una visita, la primera de Rego a una empresa directamente afectada, con la que el congresista buscó visibilizar la lucha de su formación contra el artículo 20 de la Ley de Cambio Climático que ha puesto en alerta máxima a todo el sector mar-industria gallego, que ayer mostraba en Tragove su respaldo a la lucha del BNG a través del secretario de la Asociación Galega de Depuradores de Moluscos, Juan Maneiro.
«Con este informe —el de Costas— saltaron todas as alarmas porque pon en cuestión a continuidade de elementos moi relevantes para a vida de Cambados e que se pode extrapolar a todos os portos de Galicia», subrayó Prado. En el caso del plan especial de Tragove, más allá de la continuidad de su industria del mar, reclama a la Xunta que blinde dotaciones como el centro de salud o la plaza de abastos: «Levamos 8 anos con informe vai, informe vén. A Xunta ten que transferir os espazos de usos non portuarios aos concellos e non facer caixa con eles».
Desde el BNG se advirtió de las consecuencias de que sea desde Madrid y no desde Galicia donde se legisle sobre una materia tan sensible como los usos de su dominio público marítimo-terrestre, tratando la protección ambiental de la costa gallega bajo el mismo rasero que la mediterránea, donde el uso mayoritario es de tipo hotelero. Un modo de proceder que lleva a no entender en Madrid hechos como el reseñado por Rego y Pepe Daporta: que una depuradora deba estar a pie del mar, por una lógica de costes económicos, pero también medio ambientales. Por ello, el BNG exige a la Xunta que, tras 13 años de gobierno Feijoo sin pedir ni una competencia, demande la transferencia de la «regulación e xestión do dominio público marítimo-terrestre e a ordenación do litoral para adaptar a normativa ás necesidades e especificidades da costa galega».
