Aquella decisión posibilitó que 34 kilómetros quedasen libres de peaje, mientras que por los 42 entre Santiago y Lalín abonasen los conductores 4,80 euros del 2007. Una cuantía elevada con la que peleaban ya tanto políticos como empresarios y otros colectivos sociales para conseguir que se abaratase. Ni la concesionaria Acega ni el Ministerio de Fomento atendieron entonces a esa presión. Pero la Xunta también descartó aplicar en la AP-53 el sistema que sí articuló para la supresión parcial del peaje en Rande y A Barcala, en la AP-9. Entre los argumentos, los 60 millones de euros que en su día aportó el Gobierno de Fraga a fondo perdido pero sin reservarse capacidad de decisión sobre la gestión del vial.
Esa presión previa al anuncio de Pérez Touriño se intensificó al día siguiente de sus palabras. El alcalde de Lalín, José Crespo, comparecía el 19 de abril junto a los presidente de las patronales de empresarios de Deza y del comercio lalinense para reclamar la gratuidad de todo el trazado de la AP-53 o, si se descartaba esa opción, prorratear el peaje fijado entre Santiago y Dozón a todo el recorrido hasta Ourense. Consideraban la medida un agravio comparativo y se reactivaba la comisión por la rebaja del peaje, que estaba recogiendo firmas por ser demasiado elevado en comparación con otras autopistas de la geografía nacional. La patronal dezana se quejaba del varapalo que les suponía en competitividad, con costes excesivos para quienes debían desplazar equipos de trabajo hacia la capital compostelana. Y mientras se mantenía una batalla judicial para que se cobrasen realmente los kilómetros realmente recorridos por los usuarios, hasta Lalín, y no hasta el Alto de Santo Domingo (Dozón).
