El Ministerio de Transición Ecológica rechaza una tramitación del Concello de Cambados por estar en gallego

Por definición, se entiende que una lengua normalizada dispone de las herramientas necesarias para trabajar en cualquier campo del conocimiento. No digamos ya si se trata de un idioma oficial o cooficial, con una competencia debidamente reconocida a todos los niveles. No parece, sin embargo, que este sea el criterio imperante en el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al cargo de la socialista Teresa Ribera. Al menos, por lo que respecta a Cambados y al uso del gallego en según qué ámbitos.

El caso es que el Concello de Cambados lleva aguardando siete años la aprobación del plan especial de ordenación del puerto de San Tomé y Tragove, un documento que está desarrollando Portos de Galicia. De él dependen proyectos tan importantes para el municipio como la remodelación de la plaza de abastos o la adaptación de los usos y terrenos portuarios a las necesidades que han ido surgiendo con el paso del tiempo. El diseño ha sido informado ya por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sin ningún problema. Merece la pena comprobar cuál ha sido la respuesta de Costas a la hora de dar el mismo paso burocrático: «En referencia con la documentación presentada [...] además de presentarse en versión castellana dado el carácter eminentemente técnico de la documentación aportada, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá remitirse debidamente diligenciada».

Firmada por el jefe en funciones del servicio provincial, la misiva contiene otra alegación de carácter meramente técnico, que por lo visto resulta sencilla de subsanar sobre los planos. No lo es, en cambio, la exigencia de traducir un documento de cuatrocientas páginas bajo un razonamiento legal muy discutible, ya que el artículo al que apela el técnico establece el derecho de utilización de las lenguas cooficiales del Estado, y solo otorga primacía al castellano en la circunstancia de que existan varios interesados en el procedimiento y se dé una discrepancia en materia lingüística entre ellos, o bien los documentos tengan efectos más allá de los límites de la comunidad autónoma en cuestión, que obviamente no es el caso.

«Xa non é que semellante decisión retrase aínda máis o procedemento, senón que se trata dunha incomprensible discriminación lingüística que parte, por se fose pouco, do servizo provincial en Pontevedra», subraya el concejal de Urbanismo. Xurxo Charlín, perteneciente a la formación Somos Cambados, se pregunta con retranca si no dispone el ministerio en Galicia de técnicos capaces de comprender un documento en gallego. O qué pensaría de todo esto Ramón Cabanillas, o poeta da raza, hijo insigne del municipio arousano, cuya escultura da la bienvenida a la Casa Consistorial.

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