Piden 121 años de cárcel por 359 kilos de cocaína enviados en fruta desde Ecuador

La Fiscalía ubica en O Salnés a los cerebros; el líder se fugó antes de su arresto


VIGO / LA VOZ

Nueve acusados nacidos en Vilagarcía, Vilanova, Ourense, Ecuador y Colombia afrontan, cada uno, 13 años y seis meses de cárcel por los 359 kilos de cocaína decomisados en la nave de la empresa de Ourense Frutas Mavaz. Ocurrió en enero del 2019 gracias a la colaboración prestada por la DEA de los EE.UU., que alertó a las autoridades españolas de una operativa de narcotráfico a tres bandas entre Galicia -representada por O Salnés y Ourense-, Ecuador y Colombia. El plan ideado consistió en trasladar el alijo -valorado en 11 millones de euros- de Colombia, país de origen de la dueños de la coca, a Ecuador. Allí, otra organización oriunda y especializada en hacer y deshacer a su antojo en zonas portuarias, escondió en un contenedor los 359 kilos, con una pureza que oscila entre el 70 y el 77 %.

El contenedor llegó al puerto de Leixões (Oporto), se descargó la carga de fruta preñada de perico y trasladó por carretera hasta Ourense. Todo parecía ir a bien a ojos de los acusados, que no contaban con el operativo policial explotado ya en la nave de Frutas Mavaz, en el polígono de San Cibrao. Lo siguiente fue cercar a los 10 sospechosos para su detención. El considerado principal mullidor del alijo, Juan Miguel García Santos, se fugó antes de que pudieran esposarlo. A día de hoy sigue huido, por lo que, salvo sorpresa, no está prevista su presencia en el juicio a celebrar en la Audiencia Provincial de Pontevedra (aún sin fecha de inicio), tras completar la instrucción el Juzgado número 1 de Vilagarcía.

La tesis incriminatoria de la Fiscalía Antidroga ubica en O Salnés el origen de la trama. La personaliza en el huido, su hermano José Luis -ya condenado por narcotráfico- y José Vicente Caneda, de Vilanova y Vilagarcía, respectivamente. Ellos serían las personas con los contactos idóneos en el submundo de la exportación a granel de coca. Los encargados de coordinar a los proveedores con los intermediarios en puertos y ,dadas las reuniones constatadas y otras pruebas, tenían también a acceso a Manuel Benito Vázquez, propietario de Frutas Mavaz.

Tapadera

La acusación pública sostiene que «su contribución era esencial, ya que toda la cobertura de la importación de cocaína dependía, al margen de los contactos con proveedores y financiadores desarrollados por Juan Miguel García Santos, de la comercialización de fruta en contenedores que Manuel Benito negociaba». Contactos y tratos a cerrar con proveedores de fruta en Sudamérica que servirían para clarear las presuntas oscuras intenciones de tal negociación. Incluso constan correos electrónicos que servirían para dar apariencia legal a la trama investigada. El uso de sistemas de comunicación encriptados, añade la causa, tampoco era ajeno a este mayorista de fruta.

Resulta curioso el papel atribuido también al entonces encargado de esta empresa importadora, John Felipe Lucero, ecuatoriano, residente en Ourense e igualmente acusado. La Fiscalía lo sitúa en connivencia con su jefe y en contacto directo con quienes, desde Ecuador, daban cobertura empresarial a las exportaciones de fruta. Él mismo «llegó a desplazarse a Ecuador para negociar de modo personal los pormenores de su actividad».

Jaime Alexander Romero y Juan Carlos Molina, ambos de Colombia, encarnarían el eslabón más alto de la trama desmantelada. Ambos son ciudadanos colombianos residentes, hasta su detención, en Madrid. También, revela el procedimiento, integrantes de organizaciones capaces de cocinar grandes alijos para su envío a España u otros países. «Negociaron con Juan Miguel García Santos su colaboración para hacerle llegar, a través de la estructura empresarial dispuesta por Manuel Benito Vázquez, la cocaína cuya venta concertaron por cuenta de aquellos a quienes no ha sido posible identificar de modo definitivo durante la investigación». Jaime Alexander incluso asumió la vigilancia personal del alijo desde que llegó a Oporto.

La investigación- judicializada por el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) en Galicia de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia- se fue hilando entre los seguimientos a pie de calle y la información que enviaba la DEA. Encuentros y más encuentros en persona que los acusados tuvieron durante unos seis meses en Ourense, Vilagarcía, Silleda, Madrid, Colombia o Ecuador.

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