La Audiencia considera injustificable que se tardase siete años en juzgar a un policía local por soborno

La sección cuarta absuelve al agente de Vilagarcía, después de que el jurado no hallase una sola prueba objetiva de que hubiese cobrado por retirar una multa

DAVID FREIRE

vilagarcía / la voz

La acusación de cohecho que durante siete años mantuvo en vilo a un miembro de la Policía Local de Vilagarcía vivió ayer su último capítulo, siempre que la sentencia emitida por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra no sea recurrida por la Fiscalía. El fallo absuelve al agente, de acuerdo con el veredicto de no culpabilidad que el jurado popular emitió la semana pasada, tras dos días de juicio. La petición del ministerio fiscal, consistente en cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para el desempeño de su puesto de trabajo y cualquier otro cargo de índole pública, no era ninguna minucia, habida cuenta de la gravedad de los hechos que se le atribuían: haber reclamado y obtenido dos mil euros por hacer desaparecer un atestado de alcoholemia. Además de reflejar que ninguna prueba objetiva incriminaba al funcionario, el dictamen incluye una dura constatación: «La tramitación del procedimiento, desde su inicio en el 2013 hasta su enjuiciamiento en el 2021, se ha prolongado injustificadamente».

De lo expuesto en la vista, los nueve miembros del jurado coligen, de forma unánime, que esta demora no solo no tuvo razón de ser, sino que resultó «especialmente importante» y que ninguna causa atribuible al acusado la justifica. El procedimiento por este hipotético soborno recayó, en su momento, en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Vilagarcía, de cuyo trabajo se extraen preocupantes conclusiones, como el hecho de que nadie custodiase documentación tan sensible como una denuncia por alcoholemia en las dependencias de la Policía Local.

Lo único que el jurado considera acreditado es que el agente y uno de sus compañeros practicaron una alcoholemia que resultó positiva en la madrugada del 12 de septiembre del 2013, y que el atestado nunca llegó al juzgado. Tan solo se conservaba una copia en formato Word, hallada en el ordenador existente en las instalaciones municipales.

Realmente, concluye la sentencia, la única prueba contra el policía fue la denuncia presentada por la víctima del teórico soborno, así como sus declaraciones en el juzgado y la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. No en la propia vista, ya que el hombre aseguró no recordar nada en absoluto. Un ataque de amnesia selectiva que, según la apreciación del jurado, «fue desmontada por la pericial médico forense» y contribuyó a cuestionar tanto sus testimonios anteriores, rodeados de imprecisiones, como el caso en su conjunto.

«La carpeta de los atestados pudo haberla cogido cualquiera»

El fallo de la Audiencia Provincial recoge el testimonio de la antigua jefa de la Policía Local de Vilagarcía, que a petición del Cuerpo Nacional de Policía comprobó personalmente que el atestado de alcoholemia no figuraba «ni en el registro de salida ni en ningún otro sitio». Sin embargo, de ahí a atribuirle la responsabilidad de su desaparición a un agente en concreto media un abismo procesal, que ninguna prueba pudo salvar. Básicamente, porque «dado el lugar donde se hallaba la carpeta en la que se depositaban los atestados que había que entregar en el juzgado, cualquiera pudo haberlo cogido». Varios policías testificaron que, pese a su delicado contenido, la carpeta carecía de una custodia específica.

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