Las cinco razones que exculparon al policía local de la acusación de cohecho

La única certeza del caso es que hubo una alcoholemia que no llegó al juzgado


vilagarcía / la voz

Leído el veredicto, el miércoles por la noche, el único paso que resta, dentro del proceso por cohecho contra un policía local de Vilagarcía, consiste en la sentencia que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra debe dictar, de acuerdo con las conclusiones a las que llegó el jurado. Un trámite que, a la vista de la claridad con la que se manifestaron los miembros del organismo ciudadano, no debería tardar. De sus nueve integrantes, ocho encontraron al agente no culpable de la acusación que pendía sobre él, con una petición de pena que la Fiscalía había elevado a cuatro años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación.

De seis puntos en cuestión, cinco fueron considerados como no probados tras un procedimiento que se inició el lunes, con las declaraciones del funcionario investigado y del testigo sobre el que el ministerio público construyó el caso. Y prosiguió el martes, con los informes de la fiscala y de Antonio García, abogado de la defensa. Aunque de sobra conocidos, después de más de siete años sin una resolución, no está de más recordar los hechos que dieron origen a este prolongado litigio. En la madrugada del 12 de septiembre del 2013, una patrulla de la Policía Nacional intercepta a un individuo bebido, al volante de un BMW. Alertados del hecho, dos agentes de la Policía Local de Vilagarcía acuden al lugar y lo someten a una prueba de alcoholemia que arroja un incontestable positivo. A partir de ahí, un atestado que no llega al juzgado, una denuncia por intento de soborno por parte del infractor, que aseguraba que uno de los funcionarios municipales le había pedido dinero a cambio de la desaparición del expediente, añadiendo que le había entregado dos mil euros, dos agentes locales detenidos, cuatro imputados y, finalmente, una acusación por cohecho contra solo uno de ellos, el que esta semana se sentó en el banquillo.

Con toda la información en la mano y en presencia de las partes, la presidenta del tribunal entregó el objeto de veredicto a los miembros del jurado, junto a una serie de explicaciones sobre los principios legales que deberían tener en cuenta. Se trata, básicamente, de una relación de hechos favorables y desfavorables para el acusado, sobre los que los nueve ciudadanos debían deliberar a fin de considerarlos probados o no probados. Una balanza que se inclinó con claridad del lado del policía local, una vez que el principal testigo aseguró en la vista que no recordaba ni siquiera si lo conocía o no.

Lo único que el jurado entiende demostrado es que el agente y uno de sus compañeros practicaron la prueba de alcoholemia al denunciante, y que esta arrojó «una tasa elevada de impregnación alcohólica». En cambio, no ven probado que el acusado le pidiese una determinada cantidad de dinero a cambio de que el atestado desapareciese, ni que el infractor accediese a la teórica tentación de soborno. Tampoco que el policía local solicitase «personal y directamente» la entrega de ese dinero. Por último, no está probado que el expediente en cuestión, referente a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, fuese remitido al juzgado correspondiente. En resumidas cuentas, de todo lo que se ha hablado largo y tendido durante los últimos siete años, solo existen dos certezas: que la alcoholemia existió y que nunca llegó al juzgado. Pero no que el funcionario arousano tuviese algo que ver con un hipotético caso de cohecho que pudiese dar razón de su desaparición.

En resumidas cuentas, ocho de los nueve componentes del jurado concluyen que el agente es no culpable de ignorar sus obligaciones como policía para extorsionar al denunciante. Un veredicto exculpatorio para el que hubiesen bastado cinco votos.

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