Un intento de acuerdo privado de Scandia dinamitó la solución para Thenaisie
AROUSA
La conservera entra en una cuenta atrás de tres meses hacia su liquidación
06 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Pocas cosas arrojan más claridad sobre un conflicto que los documentos sobre los que se sustenta. Ayer, la CIG, el sindicato mayoritario en el comité de empresa, los puso sobre la mesa con profusión. Rosa Abuín aportó para el debate público el escrito en el que el empresario gallego Alfonso Caneiro plasmó su oferta de adquisición de Thenaisie Provoté, el texto del acuerdo que estuvo a punto de firmarse y el contrato de cesión de las instalaciones de O Grove y Mos, que el inversor proponía para retomar la producción sin perder tiempo mientras la burocracia hacía su trabajo. También algunas comunicaciones reveladoras, que Scandia Food remitió a sus clientes meses antes de solicitar el concurso de acreedores para la conservera arousana. Un último papel contiene el elemento que acabó dinamitando cualquier posibilidad de una solución que garantizase el empleo y la actividad, y la central nacionalista considera absolutamente premeditado: un acuerdo privado que el grupo rumano quiso hacer firmar a Caneiro y que, a todas luces, resultaba inasumible.
El análisis de la documentación permite comprobar en qué consistía la oferta del industrial vigués: la adquisición de la conservera por el precio simbólico de un euro, la asunción de la gestión del procedimiento concursal, lo que implicaba renegociar una deuda que asciende a nueve millones y medio de euros, el mantenimiento de la plantilla en su conjunto y la asunción de las responsabilidades tributarias «que pudieran derivarse por imperativo legal». Y aun más, puesto que el inversor se comprometía a aportar dos millones y medio de euros como fondo de maniobra para poder recuperar la actividad normal en Thenaisie.
La réplica de los propietarios fue ese acuerdo privado complementario en el que los rumanos exigían a la nueva compañía que, en el plazo de un mes, les vendiese estocaje por importe de quinientos mil euros, con un descuento del 50 % con respecto a un precio que previamente habría fijado la propia Scandia. Se trataría de productos escogidos, básicamente sardinas con tomate y xoubas, las elaboraciones que, explican las trabajadoras, tienen mejor salida en el mercado rumano. En el caso de que la producción almacenada no fuese suficiente, la Nueva Thenaisie tendría que elaborarla en las mismas condiciones de venta o, en su defecto, entregar producto sin procesar, si Scandia lo quisiese.
Caneiro debería, además, pagar cincuenta mil euros al grupo rumano por la marca Grandes Hoteles, la gran referencia de la conservera arousana, y comprometerse a compensar a Scandia Food por cualquier sanción económica que pueda derivarse del proceso concursal, en caso de que se condene a los administradores por su mala gestión.
Obviamente, el empresario gallego se negó a aceptar esta especie de apuesta a ciegas, agravada por el hecho de que Scandia no permitiese, en ningún momento, el acceso del equipo de Caneiro a las instalaciones para comprobar el estado de los activos y pasivos, así como por la constatación de que tampoco las cuentas consolidadas de las empresas del grupo fueron aportadas a lo largo de la negociación.
Con todo esto a la vista, la CIG arremetió con dureza contra Scandia, su responsable Andrei Constantín, el bufete de Garrigues que lo representa y, en concreto, contra el abogado Ángel Piñeiro, al que la central culpa de «deseñar dende un principio un proceso para levar Thenaisie á liquidación». Rosa Abuín asegura que, a lo largo de la reunión de esta semana, mantuvieron «unha actitude machista, chantaxista e desprezativa» y lamenta que, más allá de su labor de mediación, el Igape no frenase un comportamiento así. La dirigente de la CIG cree que «as institucións non estiveron á altura, ao non ser capaces de defender un proxecto de futuro dun empresario galego» y advirtió al equipo de Garrigues de que el conflicto «aínda non rematou». Aunque difícil, el comité reclamará que en la fase de liquidación -sus cálculos apuntan a un plazo de unos tres meses- solo se admitan aquellos potenciales compradores que se comprometan con el empleo. Rosa Domínguez, su presidenta, dijo hablar únicamente en nombre de la CIG, «non por outros que transmiten mentiras», apuntó en clara referencia a Comisiones. Por último, agradeció su apoyo al pueblo de O Grove y la «valentía» de Alfonso Caneiro por su intento de reflotar la firma.