Aplazado por segunda vez el juicio por cohecho contra un policía de Vilagarcía
AROUSA
La enfermedad de un abogado motiva el nuevo retraso, aún sin fecha de reanudación
01 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Nada en torno a este caso ha sido fácil. Ni la detención de dos agentes municipales por parte del Cuerpo Nacional de Policía, hace siete años, ni una investigación llena de contradicciones y fallos en la custodia de documentos, ni siquiera el inicio del juicio, que ayer tuvo que ser aplazado por segunda vez. De momento, el policía local de Vilagarcía al que la Fiscalía acusa de cohecho, con una petición de cuatro años y medio de cárcel, no se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial. La enfermedad que padece su abogado lo impide.
La vista tendría que haber arrancado, en realidad, el día 10. Entonces, la necesidad de que el letrado se sometiese a una prueba PCR, al ser considerado contacto próximo de una persona contagiada por coronavirus, obligó a retrasar ese momento hasta ayer. Tampoco fue posible, aunque, por lo visto, en esta ocasión el problema de salud nada tiene que ver con el covid.
A la espera de que la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra fije una nueva fecha para la constitución del jurado popular que tendrá en sus manos el veredicto, este es uno de los episodios que más controversia han provocado en el seno del Concello de Vilagarcía. Lo ocurrido se remonta a septiembre del 2013, cuando una patrulla de la Policía Nacional interceptó de madrugada a un individuo que conducía un coche de alta gama bajo la influencia del alcohol. Avisados del incidente, el agente acusado y un compañero le practicaron la prueba de alcoholemia con el resultado que era de esperar: 0,83 y 0,81 miligramos de alcohol por litro de aire expirado.
Semanas más tarde, el infractor, que era reincidente, denunció a los policías locales. Aseguró que uno de ellos se había presentado en su domicilio para ofrecerle que el expediente desapareciese a cambio del pago de cinco mil euros. Su relato continúa cono sucesivas llamadas y reuniones hasta que, finalmente, afirma haber desembolsado dos mil euros. El caso es que la multa nunca llegó al juzgado, y los dos agentes acabaron siendo detenidos e imputados, junto a otros dos policías locales más. Finalmente, el fiscal solo sostuvo la acusación de cohecho contra uno de los cuatro, para el que también solicita nueve años de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público.
Mientras, el entorno del policía sostiene que, en realidad, todo se debe a una venganza por celos. Y que, como se demostró a lo largo de la investigación y confesó la propia jefatura, en el Concello nadie custodiaba las multas.