El PP promovió una denuncia preventiva contra Castaño y dos concejales del PSOE

Serxio González Souto
serxio gonzález CATOIRA / LA VOZ

AROUSA

MONICA IRAGO

El portavoz popular en Catoira solicitó un informe jurídico por si el alcalde se retractaba de su dimisión, citando tres presuntos delitos

05 jun 2020 . Actualizado a las 21:00 h.

Decididamente, lo que está ocurriendo en Catoira amenaza con sobrepasar el ámbito político para arrojar destellos inéditos en materia jurídica e incluso religiosa. Las novedades proceden, en este caso, de las filas del Partido Popular. Y, en concreto, de su portavoz, Iván Caamaño, quien, un día antes del pleno en el que el nacionalista Xoán Castaño dio cuenta a la corporación municipal de su dimisión como alcalde, promovió la interposición de una denuncia preventiva contra el propio Castaño y los dos concejales del PSOE que arruinaron su moción de censura. La idea figura en una solicitud de informe que Caamaño presentó al secretario del Concello: «É intención do PP acudir mediante os medios necesarios e oportunos ante a Xustiza, coa finalidade de que non se produza un fallo democrático e un salto da lei por parte do concelleiro Xoán Castaño e os implicados Daniel Touriño e Roberto Bouzón, se tamén son cómplices, estando informados das intencións de Castaño dende o 21 de maio».

Lo que el portavoz conservador pide al secretario es que precise «as repercusións, incluso de índole penal», que acarrearía un hecho que nunca se produjo: la retirada de su renuncia a la alcaldía por parte de Castaño. Adelantando trabajo al funcionario, Caamaño no duda en recomendarle que revise los artículos del Código Penal en materia de falsedad documental y prevaricación, además de que tenga en cuenta lo que el Código Civil recoge con respecto al fraude de ley. Caamaño refiere, incluso, las penas a las que este tipo de infracciones pueden dar lugar: prisión de tres a seis años e inhabilitación especial para el desempeño de cargos o empleos públicos de uno a cuatro años.

El anuncio de acciones legales por este motivo resulta cuanto menos curioso, por cuanto ningún ordenamiento jurídico con un mínimo sentido democrático admite la existencia del delito de pensamiento. De cualquier forma, lo que sí revela es la crispación que ha llegado a alcanzar el ambiente político en el pequeño municipio arousano tras el naufragio de la operación drakkar que pilotaron Alberto García y el número uno del PP local. Pese al naufragio, el candidato socialista llegará a la sesión de investidura del martes acariciando la recuperación de la alcaldía como cabeza de la lista más votada.