Los tribunales de la provincia gestionan 100 millones al año en multas y pagos

Los condenados deben abonar en una cuenta judicial sus sanciones e indemnizaciones


vigo / la voz

Los juzgados de la provincia de Pontevedra tiene movimientos en sus cuentas bancarias de casi 100 millones de euros al año, el equivalente a la facturación de una frigorífica o una constructora de tamaño medio. No se incluyen los sueldos de los funcionarios (que los pagan la Xunta y el Estado) si no que, en su mayoría, son ingresos ordenados en una sentencia que obliga al condenado a pagar una multa, saldar una deuda o indemnizar a un perjudicado. Aquí se incluyen las compensaciones por unas lesiones en una riña, un accidente de tráfico, una pensión de divorcio, unas cláusulas bancarias abusivas o un despido improcedente.

Estos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) corresponden al 2018 y recogen los movimientos monetarios y los saldos en las cuentas de depósitos y consignaciones en cada una de las provincias. El conjunto de las salas de Pontevedra figura en el puesto 18 del ránking estatal en cuanto a movimiento de dinero, por debajo de lo que le correspondería por población. Solo Zaragoza se acerca a Pontevedra, con una cifra similar de cien millones. ¿Quiere decir que son provincias más benignas con las multas que otras? La respuesta está en el número de operaciones de ingresos de dinero. En Pontevedra se registraron 110.600 entradas (como en Zaragoza), mientras que, por ejemplo, Murcia tramitó 168.000 pero movió 268 millones, con una cuantía mayor por operación de media.

La jurisdicción que más dinero ingresó en las salas de Pontevedra es la de lo civil. Sus magistrados tramitan reclamaciones de deudas y embargos, pago de seguros por accidentes de tráfico y del hogar, pensiones de alimentos y la devolución del dinero de las preferentes y las cláusulas suelo. En total, los litigantes pontevedreses, en cumplimiento de una sentencia de lo civil, dejaron en depósito 46,85 millones en el 2018 para que la Justicia los entregase a los ganadores.

Juzgados mixtos

Otra parte procede de los juzgados mixtos (civiles y de instrucción), que están en la mayoría de las cabezas comarcales salvo Vigo y Pontevedra, que los tienen separados. En total, recaudaron 24,3 millones, que luego los jueces entregaron a sus legítimos destinatarios para hacer cumplir la sentencia. Aquí se incluyen los litigios por deudas pero también los pagos por lesiones leves en riñas.

Las sentencias de los juzgados de lo Penal, solo implantados en Vigo y Pontevedra, justifican otros 15,38 millones. Parte de ese dinero fue destinado a indemnizar a las víctimas de un delito para reparar el daño causado o pagar los gastos sanitarios que generó una agresión. La otra parte corresponde a las multas impuestas a los condenados, recaudación que engordará el Tesoro.

Otra parte del dinero procede de los pleitos laborales, que generaron 6,93 millones en pago de indemnizaciones a trabajadores despedidos o abono de atrasos. A ello se suman las cuantías procedentes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un organismo público que se hace cargo de los salarios adeudados cuando la empresa quiebra. En total, Fogasa abonó 11,76 millones, de los que 9,2 fueron para compensar a empleados de firmas liquidadas tras un concurso de acreedores. Otros 4,49 millones saldaron los sueldos acordados en las negociaciones entre la plantilla y la empresa. Además, se abonaron 83.042 euros en salarios de tramitación para los parados durante el tiempo que esperan al juicio.

Los litigios entre los particulares y la Administración se ventilaron en el contencioso para recurrir multas de tráfico o furtivismo o reclamaciones salariales a la Xunta, la Universidad o concellos. Generó 3,8 millones al año.

La recaudación cae por el fin de la crisis y las tasas

El descenso de la recaudación judicial en la provincia es algo novedoso en los últimos años pues siempre iba a más. En el 2011, los juzgados provinciales movían 139 millones y en el 2014, se tocó techo con 170 millones. Fueron años que generaron muchos ingresos por los coletazos de la crisis del ladrillo, las subastas de inmuebles de constructoras quebradas y los pagos a trabajadores despedidos a través del Fogasa. Las cuentas se dispararon tras la implantación de las tasas judiciales, luego derogadas para los ciudadanos. Hasta el 2017 la recaudación se mantuvo en cifras de 132 a 138 millones pero a partir del 2018 se desplomó la cuantía.

El movimiento del 2019 está incompleto y el CGPJ solo tiene disponible el primer semestre. La provincia recaudó 37,7 millones en un trimestre y otros 30 en el segundo, nuevamente por debajo de lo que mueven otras localidades menos habitadas.

Las penalizaciones por delitos «facturan» dos millones

Los juzgados de la provincia cobraron 7.605 multas por valor de 1,95 millones de euros en el 2018. La recaudación media por sanción es de 256 euros, una facturación mayor que en A Coruña o Zaragoza, por ejemplo. Las multas se refieren a las que imponen los propios tribunales en una sentencia y, por tanto, excluye las que el infractor paga voluntariamente a Tráfico o a la Policía Local sin cuestionar la medida.

Los ingresos que llegan a las cuentas judiciales son por aquellas sanciones que ratifica el juez en la sentencia, por ejemplo cuando el conductor o un percebeiro furtivo recurren contra la decisión de la Administración.

Muchas sanciones penales son proporcionales a los ingresos del implicado, por ejemplo, de tres, cuatro, seis euros o más al día, en función de su renta. Por tanto, algunos denunciados, debido a su mala situación económica, por estar en el paro o cobrar la risga, abonan sumas de 120 o 360 euros y piden varios plazos para pagarlas. Aún así, hay quienes no tienen dinero y se declaran insolventes, por lo que se les libera de la deuda. Pero quienes disponen de patrimonio y no quieren pagar la multa, acaban ingresados en prisión si no lo hacen.

Los juzgados también imponen fabulosas multas millonarias a los condenados de narcotráfico y les embargan y subastan sus mansiones y coches de lujo. Eso podría dar la sensación de que las arcas del Estado rebosan con esos ingresos pero es una cuantía simbólica ya que, ante la imposibilidad de afrontar tales sumas, los condenados prefieren cumplir más días de cárcel y no pagar nada. La recaudación por bienes decomisados a los narcos no figura en estas estadísticas.

Sanciones a empresas

Sin embargo, cuando las multas millonarias son impuestas a una empresa solvente por un delito de fraude fiscal suelen pagar sin rechistar para evitar que el directivo implicado ingrese en prisión. Además, le benefician con una reducción de las penas.

En los juicios por trapicheo, la Fiscalía pide una multa del triple del valor de la droga. Así, un camello pillado con unas papelinas valoradas en, por ejemplo, 200 euros tiene que abonar 600 si quiere eludir la cárcel. Esa es la razón por la que las pequeñas sanciones se saldan, ya que su incumplimiento aboca a una celda.

Sobre Tráfico, el dinero recaudado es el que reconocen en sentencia los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Incluyen las sanciones que abonan los conductores ebrios o temerarios pillados in fraganti. Tras un juicio rápido y aceptan un trato con el fiscal para declararse culpables y reducir un tercio las cuantías, de hasta 800 euros. Pagan para no meterse en líos y volver a casa.

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