La Fiscalía abre diligencias a la jueza del 1 de Vilagarcía por anular juicios

Suspendió en una mañana siete vistas alegando enemistad manifiesta con la fiscala


vilagarcía / la voz

La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha incoado diligencias contra la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía. La investigación tiene su origen en la decisión tomada por la funcionaria de Justicia de suspender juicios por decisión propia. La jueza interpreta que existe enemistad manifiesta contra una fiscal en particular, aunque su relación con los otros representantes del Ministerio Público que trabajan en el día a día de esta sede también está muy desgastada. La situación llegó a tal punto que, recientemente, dicha autoridad judicial suspendió siete juicios previstos para una misma mañana, lo que supuso un trastorno para todas las personas movilizadas para asistir a las siete vistas: testigos, acusados o funcionarios.

La Fiscalía lo interpreta como una abstención inmotivada y ya dio traslado a la Fiscalía Superior de Galicia, que conoce el fondo del conflicto por otras cuestiones anteriores. Las siete presuntas abstenciones investigadas, según la ley orgánica del Poder Judicial, supondrían, en el caso de prosperar las diligencias, un falta grave por cada anulación. La situación del juzgado también es de sobra conocida por los letrados del partido judicial por las situaciones vividas en diferentes juicios. Dichos momentos están recogidos por las cámaras de vídeo de las salas de vistas, por lo que existen grabaciones en las que, a ojos de la Fiscalía Provincial de Pontevedra, no se han respetado las formas ni el estatus de sus funcionarios, e incluso se habría pretendido menoscabar su autoridad imponiendo el criterio de la juez frente a la norma establecida. Dichas escenas grabadas en vídeo están recogidas en informes que también fueron trasladados a la Fiscalía Superior de Galicia desde su órgano provincial en Pontevedra.

Una de las últimas situaciones tensas se vivió recientemente en un juicio de familia en el que ni uno de los abogados ni el fiscal designado lograron entenderse con la jueza. Lo que parece claro, atendiendo a los pasos dados por la Fiscalía provincial, es que sus representantes no muestran ningún condicionante personal con la juez para cumplir con sus obligaciones. Prueba de ello es que todas las decisiones que consideran que no se ajustan a la norma son recurridas por el cauce establecido para su resolución. Para la Fiscalía tampoco es válida otra de las explicaciones aportada por la juez, que asegura que mantiene una correcta relación con algunos integrantes del ministerio fiscal. Dichos funcionarios trabajan en áreas concretas y su relación con la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía es ocasional y nada tiene que ver con la realidad del día a día.

La Audiencia de Pontevedra ya resolvió seis veces a favor del ministerio público

Las diferencias entre la Fiscalía Provincial de Pontevedra y la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía también son de sobra conocidas en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Concretamente en sus secciones segunda y cuarta, que ya emitieron resoluciones en las que se explica que no hay espacio para la enemistad manifiesta en un contexto profesional como este. En concreto tuvo que pronunciarse al menos en seis ocasiones y siempre a favor del Ministerio Público. Por lo que es cuestión de tiempo que trasciendan el resto de resoluciones enviadas a la Audiencia Provincial. Las ya resueltas le recuerdan que tiene que cumplir con su deber sin importar qué fiscal se persone en cada vista.

El origen del conflicto de índole personal que la jueza asegura mantener con la funcionaria tuvo su origen en el seguimiento que la Fiscalía tiene la obligación de hacer sobre la instrucción de los procedimientos. El seguimiento de los asuntos dio pie a un informe que denunciaba atrasos que serían injustificados. El Consejo General del Poder Judicial ejerció de árbitro para conocer la realidad de esta sede judicial y, aunque archivó la denuncia que elevó la Fiscalía Provincial de Pontevedra, sus conclusiones fueron demoledoras. Diagnosticaron la «existencia de una grave, profunda y deficiente situación en la oficina penal del juzgado» con más de 400 causas pendientes, a 23 de abril del 2018, correspondientes a los ejercicios del 2015 y anteriores. Es decir, el 18 % de los asuntos que están sobre la mesa del juzgado tienen más de tres años de antigüedad.

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