La ley da a la Diputación facultades para intervenir en la mancomunidad

La Administración provincial debe nombrar una gestora si el ente no puede constituirse


vilagarcía / la voz

El laberinto legal en el que el presidente en funciones de la Mancomunidade do Salnés, Gonzalo Durán, acaba de introducirse, al negarse a convocar por el momento la sesión constitutiva de su xunta xeral, puede deparar más de una sorpresa. Durán Hermida ya ha anunciado que no piensa llamar ni a los alcaldes ni al resto de los vocales en tanto el juzgado de lo contencioso de Pontevedra no se manifieste sobre los recursos presentados por Meaño Independiente y un particular contra la elección de los dos representantes del pleno meañés en el órgano mancomunado. Concretamente, hasta que la sala decida suspender o no a los vocales de Meaño, algo que los demandantes requieren en concepto de medida cautelar. Dado que este embrollo puede prolongarse durante meses, cabe preguntarse acerca del vacío que se generará en la mancomunidad. Y una de las respuestas que aporta la ley apunta, directamente, a la intervención de la Diputación de Pontevedra.

Los estatutos de la entidad establecen que la xunta xeral quedaría válidamente constituida con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros. En otras palabras, bastaría con nueve representantes para que la mancomunidad echase a andar. El problema es que la misma norma exige que estén presentes el presidente y el secretario, cosa que, evidentemente, no sucederá si es Durán quien se resiste a convocar la sesión.

El organismo, por lo tanto, no puede constituirse de forma, digamos, espontánea desde la base. Así que es necesario buscar otro marco legal a la hora de hallar la senda hacia el desbloqueo. Esa referencia es el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, el célebre ROF. «Si por cualquier circunstancia no pudiese constituirse la corporación, procede la constitución de una comisión gestora en los términos previstos por la legislación electoral general», reza el documento en su artículo 37. ¿Y qué dice la ley electoral con respecto a las comisiones gestoras? Que es la Diputación Provincial correspondiente, la de Pontevedra, o en su caso el órgano competente de la comunidad autónoma, la que debe designarla, en función de los resultados electorales.

En resumidas cuentas, en su intento por que la izquierda no controle el ente comarcal, el popular Durán Hermida se expone a que sea el equipo de la socialista Carmela Silva -recordemos el exabrupto de «chacha para todo»- el que le marque el camino. Paradójico, como mínimo.

Marta Giráldez es la apuesta socialista para el cargo

El PSOE es la formación que cuenta con un mayor peso en la Mancomunidade do Salnés, con once de los 27 miembros de la xunta xeral y cinco de los nueve alcaldes que integran su comisión ejecutiva. A no ser que el juzgado falle a favor de los recursos, o el PP consiga la pirueta de atraer a Somos Cambados, como ha intentado a cambio de liberaciones, parece claro que, antes o después, la presidencia será socialista. Marta Giráldez, de Meis, es su apuesta.

Los alcaldes del PSOE exigen al presidente que entregue el supuesto informe jurídico

El presidente en funciones de la mancomunidad ha construido su negativa a convocar la xunta xeral sobre un único hecho: la votación secreta de Meaño, que concedió un vocal al PSOE y, con él, la mayoría a las formaciones de la izquierda en el organismo comarcal. El ROF estipula claramente que ese carácter secreto se reserva para elecciones o destituciones de cargos, como es el caso. Pero Meaño Independiente y ese particular que también se ha animado a acudir al contencioso sostienen que, en realidad, esa fórmula de votación debe limitarse a episodios en los que el derecho al honor de quienes intervienen se vea en entredicho.

El caso es que el pleno de la Mancomunidade do Salnés tendría que haberse celebrado hace dos semanas. Durán lo evitó, con una simple y escueta comunicación que ni siquiera fue remitida a los nueve alcaldes del área, en la que anunciaba la suspensión de la sesión constitutiva. Posteriormente, el también regidor de Vilanova aseguró que su decisión se basaba en un informe jurídico, firmado por la secretaria del ente supramunicipal. Ahora, los regidores socialistas de Vilagarcía, O Grove, Cambados, A Illa y Meis exigen al presidente en funciones que les entregue el documento y explique con detalle el procedimiento que ha seguido.

Porque la ley puede estar de su parte, y el juzgado de lo contencioso puede fallar contra los recursos, pero el verdadero problema radica en que este proceso puede dilatarse largo tiempo, poniendo en riesgo varios proyectos en marcha. Algo que los cinco alcaldes del PSOE no están dispuestos a permitir.

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