Retiran los cargos a un acusado del secuestro de la mujer del Panadero

Las víctimas no reconocieron en la Audiencia a ninguno de los dos encausados como los autores del rapto


pontevedra / la voz

Tocaron a la puerta y, confiadas ante lo que suponían eran dos guardias civiles de uniforme, les abrieron la puerta del chalé que el narcotraficante José Ramón Dorgambide, el Panadero, tiene en O Rial. «¡Están detenidas!», fue lo que lo escucharon ambas mujeres, la esposa del Panadero y una empleada de hogar, antes de que las maniataran con unas bridas, les cubrieran el rostro con una capucha y pasamontañas, y las trasladarán en coche a un inmueble que no supieron reconocer, como tampoco pudieron identificar a los dos acusados que ayer se sentaban en el banquillos como las personas que el 20 de noviembre del 2013 las raptaron.

«No los conozco» o «nunca los vi» fueron las expresiones que emplearon durante su comparecencia judicial protegidas por un biombo. Por no recordar, ni siquiera pudieron evocar lo que, en su día, declararon durante la instrucción judicial: «No me acuerdo. Estaba todo oscuro», sostuvo la esposa de Dorgambide, quien llegó a ser advertida de que podía incurrir en un delito de falso testimonio.

En similares términos se expresó al empleada de hogar, cuyo testimonio tuvo que interrumpirse momentáneamente cuando comenzó a llorar. Su memoria también le falló cuando le interrogaron en relación con el corte que uno de los secuestradores, supuestamente, se cortó en una mano durante el secuestro.

Precisamente, el fiscal se agarra a los restos de sangre hallados en una nave de O Salnés para mantener la tesis de que fue allí donde ambas mujeres permanecieron retenidas, una muestra de ADN que condujo a la policía hasta Manuel S. M. La acusación asumió que esta prueba, a la vista de las reticencias de las víctimas, era la única que incriminaba a este acusado, por lo que retiró los cargos contra su compañero de banquillo, Raúl J. R., quien quedó exonerado.

En su intervención posterior, el fiscal calificó de «irracional» la explicación que Manuel S. M. ofreció para explicar que la sangra hubiese llegado a la nave: estuvo de fiesta y se desplazó hasta este edificio en compañía de una joven, donde consumió cocaína.

La visión que tiene la defensa del conjunto del caso es la de una «absoluta falta de pruebas». Tras mostrar su extrañeza de que no se hubiese citado a ningún instructor policial, remarcó que «la existencia de una muestra de ADN no indica culpabilidad, indica su presencia allí», al tiempo que insistió en que existen serias dudas de que la nave donde se localizó la sangre fuera la misma donde permanecieron secuestradas las mujeres: «Desconocemos porque la policía va a esa nave en concreto. No existe justificación».

Además, remarcó que los restos de sangre se recogieron quince días después de ocurrir el secuestro, estaban secos y, por lo tanto, considera que no se puede determinar cuanto tiempo llevaban allí. Este cúmulo de circunstancias le llevó a insistir en que se tendría que declarar la nulidad de esta prueba.

El fiscal mantiene su petición inicial de doce años por detención ilegal

Si bien retiró los cargos contra Raúl J. R., el fiscal mantuvo su petición inicial de doce años de prisión contra Manuel S. M. como supuesto autor de un delito de detención ilegal. Se trata de una solicitud de pena que la defensa consideró «absolutamente desproporcionada» a la vista de que la prueba «es endeble». Recordó que la nave donde se localizó la sangre que incriminó a su cliente «no fue precintada», por lo que cualquier persona tuvo acceso libre. De igual modo, el abogado se mostró muy crítico con la labor de los investigadores, a los que acusó de «no hacer absolutamente nada». Aludió a que, así como los acusados no fueron reconocidos en sala, tampoco lo habían sido fotográficamente, ni en las ruedas de reconocimiento durante la instrucción judicial.

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