La multa al Puerto por su vertido a la ría enfrenta a PP y PSOE en el seno del consejo

La institución defiende su actuación mientras los socialistas recuerdan que el fallo judicial le acusa de un episodio contaminante


vilagarcía / la voz

Lo ocurrido con los escombros resultantes de la extensión del ferrocarril portuario llegará al Parlamento de Galicia de la mano del diputado socialista Julio Torrado. De momento, la sanción de 20.000 euros que la Xunta ha impuesto a la institución fue objeto de un por momentos tenso debate, ayer, en el seno del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. Fue su presidenta, Sagrario Franco, quien tomó la palabra al inicio de la sesión. Tras recordar los motivos que condujeron a depositar material en la dársena 2 (el deterioro de su espigón y la idoneidad de reconstruir su base con el material sobrante de la obra del tren), Franco defendió la actuación de su equipo frente a la desestimación de su recurso, que el abogado de Estado considera interpretativa, al menos en parte.

Los materiales empleados, argumentó la presidenta, fueron en todo momento compatibles con la legislación aplicable. Los técnicos hicieron dos cribas en los diez mil metros cúbicos de escombros que se almacenaron en O Ramal, de forma que su volumen se rebajó a 6.720 metros, de forma que lo que llegó a la dársena fueron «únicamente áridos». Por último, los técnicos recurrieron a la ley para asegurar que una intervención de estas características no precisa ni evaluación ambiental ordinaria ni simplificada.

La sentencia no es firme y será recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero lo cierto es que, a la espera de dicho recurso, el fallo sí considera que entre el material utilizado había productos contaminantes. A ello se remiten los socialistas para poner en entredicho las explicaciones de los responsables portuarios. Para empezar, indicó la vocal Tania García, porque el dictamen judicial entiende que, por su volumen, la intervención consistía en una obra mayor que, como mínimo, requería la redacción de un proyecto técnico que no se llevó a cabo, así como una consulta a la autoridad ambiental competente. «¿Quién va a asumir la responsabilidad por lo ocurrido si la sentencia se hace firme?», se preguntó la consejera, que ayer se incorporaba al ente.

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