Silva acusa al PP de hacer «política de la ira» en el caso de la guardería de Vilaxoán

Rosa Estévez
rosa estévez VILAGARCÍA / LA VOZ

AROUSA

MARTINA MISER

«Vilagarcía non vai perder ningunha subvención», dijo la presidenta de la Diputación. El organismo provincial evalúa dejar la obra en manos de la empresa Tragsa

23 feb 2019 . Actualizado a las 11:26 h.

Según explicó el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela (PSOE), la primera visita oficial a la nueva guardería de Vilaxoán tenía que ser la de la presidenta de la Diputación. Y tenía que serlo porque fue el organismo provincial quien financió la construcción de un edificio que, según Carmela Silva, «vai ser premiado e recoñecido», puesto que se trata de una joya arquitectónica, dijo, pensada para que los niños que la llenen a partir del próximo curso puedan aprender, crecer y disfrutar en un entorno adecuado.

Carmela Silva recorrió ayer las instalaciones de la nueva escuela infantil y disfrutó durante ese paseo. Apreció la construcción y repartió «matrículas de honra» al alcalde, a la concejala de Urbanismo y al arquitecto. Y es que estamos ante un edificio «top de calidade», ante la «escola infantil máis fermosa de toda a provincia de Pontevedra».

Pero tras ese discurso cuajado de halagos al gobierno local, al que felicitó por haber apostado por una obra «que dá resposta ás grandes demandas sociais», en este caso en materia de educación y conciliación, llegó la tormenta. «Aqueles que fixeron críticas destructivas, buscando que o concello perdera financiación, hoxe deberían pedir desculpas», señaló. «¿Esa é a oposición que temos?», se preguntó Carmela Silva.

Su discurso subió de intensidad al ser preguntada sobre las dudas formuladas por la oposición sobre la certificación de las obras. «Ese é un procedemento administrativo que está regrado. Tanto o Concello como a Deputación cumpriron polo libro da lei, nun proceso que foi ratificado polos secretarios e interventores das dúas administracións. ¿Non confían no funcionariado», dijo Silva, lamentando esa «política da ira» en la que, a su juicio, se ha instalado el Partido Popular.

«Paréceme vergonzante que haxa xente que se adica a intentar que un concello perda subvencións e recursos», estalló Silva, quien clasificó a los políticos entre los que «traballan para a xente», y buscan soluciones como la ampliación de plazos de obra dado por la Diputación «a concellos do PP que non tiñan tempo a rematalas», y los que intentan torpedear a aquellos gobiernos que no son de su color, sin pensar en la repercusión que sus acciones pueden tener en la población. «O que lle tería gustado ao PP é que Vilagarcía perdera a subvención, e non a vai perder», concluyó.

Tras el alegato de la presidenta de la Diputación, poco más a ese respecto pudo decir el alcalde de Vilagarcía. Alberto Varela sí mostró su deseo de que la flamante escuela infantil vilaxoanesa pueda entrar en funcionamiento el próximo curso. Con la obra lista, ahora la pelota, dijo, está en el tejado de la Xunta de Galicia. A ese organismo le corresponde dotar de medios al recinto, y contratar al personal a través del consorcio.

«Esperemos que a Xunta cumpra coa súa parte», dijo el regidor, que no perdió la ocasión de recordar que la Administración autonómica «últimamente non deixa de sorprendernos» con cambios de postura que, generalmente, perjudican al municipio.

El organismo provincial evalúa dejar la obra en manos de la empresa Tragsa

Una de las «sorpresas» desagradables que la Xunta ha dado al Concello de Vilagarcía es la reducción de la partida que iba a consignar al proyecto de la Vía Verde. A esa iniciativa dedicará la Diputación de Pontevedra los 200.000 euros comprometidos inicialmente, un dinero que comenzará a invertir cuanto antes, a fin de poner a andar una iniciativa que dinamizará tres municipios de la provincia. El organismo provincial, explicó ayer su presidenta, está evaluando la posibilidad de encargar la ejecución de las obras en el grueso del recorrido (la parte que le corresponde ejecutar) a la empresa Tragsa, a fin de agilizar los procedimientos y unos trámites burocráticos que Carmela Silva reconoció eternos. De la parte de la Xunta, de momento, no se sabe nada.