La prisión de A Lama, veinte años de historia y primera huelga indefinida

Los sindicatos demandan que se ponga fin a la brecha salarial y que se cubran las más de cincuenta vacantes


Pontevedra / La voz

Si hace unos días, la prisión de A Lama se sumaba a la primera huelga general convocada en

Instituciones Penitenciarias, entre el 10 y el 13 de noviembre el personal de la cárcel pontevedresa participará en una huelga indefinida. «Ahora toca aumentar la presión», subraya José Carlos Moreno, delegado sindical de CC. OO. en el penal pontevedrés.

¿Cuáles son los antecedentes de esta movilización?

La convocatoria se produce tras un año de movilizaciones. No existe, por tanto, una motivación política y, de hecho, el PSOE ha venido compartiendo las demandas de los sindicatos. En todo caso, son muchas las voces en el seno de la prisión de A Lama que creen que los políticos solo se interesan por la cárcel «cuando tienen que vender algo» o pretenden implementar algún programa de reinserción que, en muchos casos, «non deixan de ser operacións de marketing». Marcos Blanco, de Acaip, no deja de ironizar con el hecho de que «cando máis próximos sentimos aos políticos é cando veñen de visita ao centro penitenciario. Aí si que non se separan de nos nin un so centímetro».

¿Qué demanda el personal del centro penitenciario de A Lama?

A nivel laboral, reclaman «una oferta de empleo público adecuada que redunde en una reducción de las agresiones», reseña José Carlos Moreno, demanda que se suma, en el plano económico, a «un incremento retributivo que rompa con la brecha salarial que tenemos en nuestro ámbito». Hace tres décadas se estableció una clasificación en los centros penitenciarios en función de la estructura arquitectónica o su ubicación, recoge un informe de UGT. Esto provoca que, en la actualidad, realizando el mismo trabajo un funcionario puede cobrar hasta seiscientos euros de diferencia en función de la prisión a la que esté destinado. Los sindicatos defienden que se establezca una única categoría, mientras que el Gobierno sostuvo en su propuesta de septiembre que fueran tres.

¿Qué ocurrió con esta propuesta del Gobierno?

El Gobierno trasladó el 25 de septiembre una propuesta de negociación que, para sorpresa de propios y extraños, retiró sin mayores explicaciones a los tres días. «Fue la gota que colmó el vaso», reconoce Moreno. «O grupo parlamentario do PSOE levaba varios meses de conversas con nos, reuníndose con nos e, incluso, presentou emendas aos orzamentos do PP e, unha vez cambiou o goberno, déuselles un tempo para que presentaran una proposta, que estaba estudada ao detalle, ao céntimo para cada posto, e cando o fan a retiran. Iso acabou de espolear a moitos compañeiros que tiñan dúbidas», remarca Marcos Blanco.

¿A qué pudo deberse este giro de los acontecimientos?

Todos los representantes sindicales aseguran que no han recibido explicación convincente alguna del Gobierno, pero sospechan que «foi unha desautorización directa do secretario xeral de Institucións Penitenciarias por parte dos órganos que a botaron para atrás», en palabras de Marcos Blanco. «Era una propuesta muy bien fundamentada -insiste Dolores Ortiz, de la CIG-. Todas nuestras reivindicaciones, ellos las plasmaban y las justificaban motivadamente para justificarlas ante Hacienda y Función Pública. De alguna manera, la propuesta nos daba la razón». «Se ha reconocido por parte de esta Administración que son reclamaciones totalmente legítimas y justas porque es una realidad aplastante», incide la delegada de la CIG.

¿Cómo se traduce la falta de medios en la prisión?

La plantilla de A Lama estima que existe un importante déficit de personal. Si a nivel nacional cuantifican en 3.400 las vacantes, en la prisión pontevedresa sitúan esta cifra en más de medio centenar. A esto se suma, el paulatino envejecimiento de las plantillas, de tal modo que en el pontevedrés la edad media de los funcionarios supera los 50 años. «En la prisión de A Lama faltan personales en todos los ámbitos», advierte José Carlos Moreno, al tiempo que alude a que «hay infinidad de programas de tratamiento que en papel nos ponen que se desarrollen, pero con la falta de medios que tenemos son inviables llevarlos a término o es mucho más difícil hacerlo». En ocasiones, un único funcionario se ha tenido que ocupar de ochenta o cien reclusos.

¿Cómo repercute esta situación a nivel sanitario?

Dolores Ortiz advierte de que la prisión pontevedresa solo dispone de un psiquiatra consultor que «sube una o dos horas cada tres o cuatro semanas». La falta de este profesional y de los suficientes auxiliares ha provocado que «o reparto da medicación se faga dúas veces por semana. Dáselle toda xunta a persoas que non teñen control no seu consumo…», apunta Marcos Blanco..

Y las agresiones de presos, ¿aumentan o disminuyen?

En el 2012, Instituciones Penitenciarias reconoció quince agresiones a funcionarios en A Lama, cifra que se redujo a doce en el 2014, número que se mantuvo un año después, pero que se incrementó a las veinticuatro en el 2016. En torno al 2017, se aprobó un nuevo protocolo de actuación frente estos incidentes y las agresiones reconocidas cayeron a media docena. Marcos Blanco subraya que, a partir de entonces, solo se consideró incidente cuando un funcionario sufre una lesión física que precisa de tratamiento sanitario, por lo que se dejaron de catalogar como tales las amenazas, los insultos o aquellas que no derivan en lesiones.

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