Duro varapalo para la mina de Touro

Los informes de la Administración concluyen que el potencial contaminante existe y que Cobre San Rafael no evalúa suficientemente los riesgos que entraña su proyecto

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vilagarcía / la voz

Malas noticias para la compañía Cobre San Rafael, participada por la multinacional Atalaya. Los primeros informes técnicos de las administraciones autonómica y central, difundidos ayer por la plataforma vecinal Mina Touro-O Pino Non, propinan un contundente varapalo al proyecto de reactivación de la explotación de cobre que mantiene a los colectivos de la ría de Arousa en vilo. Sus conclusiones son muchas y variadas, pero pueden resumirse en tres grandes líneas: el potencial contaminante existe, no se han evaluado suficientemente ni los riesgos que entraña la extracción del mineral ni la forma de actuar ante un virtual accidente, y ni siquiera el cálculo de rentabilidad obedece a parámetros realistas.

El movimiento vecinal que rechaza el proyecto de San Rafael añade a esta amplia documentación las conclusiones de la Valedora do Pobo acerca de los vertidos que se registran en la explotación que se abandonó en 1986 y ahora se pretende reanudar, ampliando su radio de acción. La institución relata cómo Augas de Galicia abre al menos dos expedientes sancionadores a raíz de las denuncias presentadas por varios particulares, que demuestran que la vieja balsa de lodos continúa vomitando agua contaminada al río Brandelos, uno de los afluentes del Ulla.

El meollo de la cuestión se encuentra, de todas formas, en los informes sectoriales encargados a distintos departamentos de la Administración. Así, el Instituto Geológico y Minero de España actúa a instancias del jefe de la Sección de Minas de la Xunta. Sus técnicos evalúan el proyecto y encuentran que el cálculo de los costes es confuso, que algunas cifras no se han justificado y que, si bien «el conocimiento geológico de los yacimientos y las mineralizaciones es suficiente para iniciar un proyecto minero», se echa en falta «un plano de mayor detalle en el que figuren todos los puntos de agua», sugiriendo a sus impulsores que «especifiquen cuáles serían las posibles afecciones a las aguas subterráneas» y «una descripción específica del funcionamiento del estanque de aguas recuperadas».

Tampoco el Servizo de Conservación da Natureza, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, se anda por las ramas. El departamento subraya, en primer lugar, que si el proyecto destaca por algo «é pola súa magnitude, polas dimensións de ocos e polos volumes de residuos a tratar». No solo existe potencial contaminante, sino que de la documentación se desprende que «os muros principais das instalacións de estériles de planta alcanzan un risco de falla entre alto e moi alto, que debe ser tido en conta». En este sentido, Medio Ambiente se detiene en el hecho de que la empresa argumente que el diseño del proyecto y las medidas de protección y restauración evitarán la afección de zonas naturales protegidas, pero «esta afirmación perdería vixencia de fallar, por algunha causa, as previsións realizadas, supoñendo, previsiblemente, un forte impacto augas abaixo da explotación e moi particularmente na biota da ZEC Río Ulla» y, por extensión, la ría de Arousa. El servicio autonómico echa en falta un análisis de riesgo que no se fíe a la improvisación y sopese los posibles escenarios de emergencia.

En este último punto incide también la Consellería de Sanidade, que reclama a San Rafael un plan de emergencia exterior. Por lo demás, destaca la ausencia de estudios sobre la población de la zona, los usos del agua y, entre otras, la afección a los abastecimientos de los vecinos. Ni siquiera sobre los materiales radiactivos naturales que podrían quedar expuestos, como tampoco del impacto de las voladuras ni de los contaminantes potenciales que se liberarían en el aire.

Lo que dice la empresa

La empresa, por su parte, asegura que se propone satisfacer las exigencias que marca la Administración, se felicita por la existencia de 1.163 alegaciones positivas y, pese a la contundencia de los informes sectoriales, desmiente «las constantes amenazas catastrofistas de incompatibilidad» y reitera que el proyecto no provocará vertidos ni apenas impacto.

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