La falta de personal lastra la subasta de los bienes incautados a los narcos

Rosa Estévez
rosa estévez VILAGARCÍA / LA VOZ

AROUSA

El éxito de subastas como las del Pazo Baión o el de Vista Real (fotos superiores), ambos en Vilanova, contrastan con la  gran cantidad de bienes incautados a narcos cuyo destino sigue siendo a día de hoy incierto por falta de medios
El éxito de subastas como las del Pazo Baión o el de Vista Real (fotos superiores), ambos en Vilanova, contrastan con la gran cantidad de bienes incautados a narcos cuyo destino sigue siendo a día de hoy incierto por falta de medios

Galicia es la séptima comunidad en la que se registra un mayor número de decomisos

26 feb 2018 . Actualizado a las 12:04 h.

Veinte meses de investigaciones y el trabajo incansable de 350 agentes permitieron, a principios del mes de febrero, desarticular una de las estructuras narco-criminales más potentes de todo el planeta. Sus raíces se hunden en Arousa, la tierra del histórico Sito Miñanco, un cambadés al que la policía sitúa, en esta última cabalgada, al frente de un grupo de al menos 43 personas y dotado de unos tentáculos que parecían llegar a todas partes. La operación Mito sirvió para que el estado de ánimo de los arousanos volviese a ser el de los años noventa. Años de registros, de policías por todas partes y de bienes decomisados. En esta ocasión, el golpe a Sito Miñanco también ha supuesto la aprensión de inmuebles, barcos y cuentas bancarias valorados en un total de 15 millones de euros. Bienes que, si la Justicia así lo dicta, deberían acabar retornando a la sociedad.

Pero desandar ese camino desde el lado oscuro no es fácil. El último informe sobre la actividad del fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados así lo reconoce. El documento, que se sustenta sobre los datos del 2016, aborda abiertamente las dificultades con las que se enfrentan quienes deben gestionar los bienes de turbio pasado. Especialmente, cuando se trata de inmuebles.

En el 2016, el número de este tipo de bienes decomisados por sentencia judicial firme fue muy elevado: entraron en el Fondo un total de 304 inmuebles. «Ese aumento del volumen está suponiendo un importantísimo incremento en el esfuerzo a realizar en todas las tareas relacionadas con su gestión, tareas en las que, ante la falta de medios personales suficientes en la misma, han de ser encargadas o encomendadas a entidades externas». Es decir, faltan manos y hay que buscar ayuda fuera.

Hipotecas y otras cargas

Hay poco personal, y el que hay se ve abocado a transitar, en la mayor parte de los casos, por un laberinto infranqueable en el que la burocracia, por un lado, y los profundos entramados tras los que suelen esconderse los narcos, por el otro, tejen una barrera espesa que a duras penas deja pasar la luz. Y que hace que no se pueda asegurar «una eficaz y eficiente gestión [de los bienes], con el riesgo de disminución de los ingresos que por la venta de estos inmuebles pudieran obtenerse».

A veces, el problema arranca de una sentencia que no es lo suficientemente concreta. Otras, porque los bienes decomisados forman parte «del activo de varias de las sociedades inmobiliarias decomisadas por la misma resolución judicial». Hay procesos que se estancan porque el comiso no afecta al cien por ciento de una propiedad, lo que obliga a iniciar procesos civiles de división. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con la casa de Laureano Oubiña en A Laxe (Vilagarcía), un portentoso edificio de piedra que ha quedado partido en dos.

Edificios decomisados en los que hay inquilinos. Construcciones de lujo levantadas de forma ilegal, o en suelo no urbanizable... La casuística de los bienes confiscados a los narcos es de lo más amplia, y bloquea la rápida resolución de muchos procedimientos. No es de extrañar, pues, que el Plan Nacional sobre Drogas aplauda, sin apenas disimularlo, cuando logra concretar la subasta de algunos de estos bienes. Especialmente, la de aquellos que tienen sobre sus hombros la carga de haber pertenecido a alguno de los grandes clanes del narcotráfico.

Los datos

Entre 1996 y el 2016 -son los últimos datos oficiales sobre la gestión de bienes decomisados publicados por el Plan Nacional sobre Drogas- se han producido un total de 35.838 entradas en el Fondo, a cuyo valor habría que sumar los fondos intervenidos en líquido. Como queda dicho, la lista la engrosan inmuebles, sí. Y también barcos, aeronaves y, sobre todo, coches de todas las gamas: desde el lujoso Porsche Panamera subastado el año pasado por unos 48.000 euros, hasta utilitarios desgastados por el uso.

De ese total de bienes incautados, 1.521 fueron requisados en Galicia. Ese dato sitúa a la nuestra como la séptima comunidad en este negro ránking. El primer puesto de la lista lo ocupa Andalucía, que arrastra 14.141 bienes decomisados en veinte años. Aunque muy lejos de esa cifra, Madrid escala hasta el segundo puesto, con 4.349. Siguen Ceuta (3.172), Canarias (2.005), Cataluña (2.003) y la Comunidad Valenciana (1.948).

En el mapa

Según el informe facilitado por el Plan Nacional sobre Drogas, durante el año 2016 «se observa un incremento notorio en La Rioja, Extremadura y Madrid atribuible en su mayoría a la Audiencia Nacional». En ese ejercicio, el último contemplado en el documento, disminuyeron, por contra, las incautaciones en Canarias y Ceuta. En el caso gallego, fueron 99 los bienes que, durante el 2016, pasaron a integrar el fondo. En general, en nuestra comunidad las cifras oscilan entre los cien y los doscientos decomisos al año.

Baión y Vista Real, los pazos que se devolvieron a la sociedad gallega

Quizás fuese, simplemente, el deseo de hacer ostentación de su riqueza. Quizás hubiese, también, cierto deseo de ser reconocidos como una nueva élite económica en Galicia. Pero lo cierto es que, en Arousa, hombres como Oubiña o Charlín quisieron dar lustre a sus nombres adquiriendo algunos de los pazos más hermosos de la comarca. El primero se hizo con el de Baión. El segundo, con Vista Real. Los dos están en el término municipal de Vilanova. Y tras ese capítulo oscuro, los dos han acabado retornado a la sociedad. Pazo Baión se ha convertido en un símbolo de la Galicia más luminosa y moderna desde que Condes de Albarei lo ha transformado en un centro de enoturismo sin parangón. El segundo ha sido rescatado por el Concello como Centro de Desenvolvemento Local.

Una alianza útil entre la Fundación contra o Narcotráfico y los procuradores de A Coruña

La lentitud con la que se gestionan los bienes inmuebles decomisados a narcotraficantes se extendía también, y hace no tanto tiempo, a vehículos, barcos y todo tipo de objetos requisados en las operaciones contra la droga. Sin embargo, esa situación ha cambiado radicalmente gracias a la alianza establecida entre la Fundación Galega contra o Narcotráfico y el Colegio de Procuradores de A Coruña. El presidente de este, y a la par vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, Javier Carlos Sánchez García, explicaba ayer que esa acción combinada nació de la inquietud existente en Arousa por el efecto que podía tener en la sociedad ver a los narcos disfrutar de sus bienes con total impunidad mientras entraban y salían de los juzgados.

La argumentación de la FGCN convenció y así se puso en marcha, tras la aprobación de una reforma del Código Penal que permite incautar bienes antes de que haya sentencia firme, un sistema de subasta que facilita gestionar con eficacia los bienes requisados. «La Fundación hace gestiones para que los juzgados designen depósito y subasta, y de eso nos encargamos nosotros». Hasta ahora el sistema funciona bien, gracias en parte a la buena disposición de las fuerzas de seguridad. Pone como ejemplo de esa eficacia lo ocurrido con un tráiler apresado en Bilbao: en un solo día se completó su traslado pese a que fue necesario pasarle la ITV, hacerle un seguro y resolver un problema con una matrícula falsa. Cada paso se dio con una eficacia certera.

Los cuadros del Culebras

Pero Javier Carlos Sánchez García es consciente de que esa agilidad no es habitual en el mundo en el que se mueve. Tiene la colección de cuadros incautados en la operación Culebras. Una colección valorada en un millón de euros que el Colegio de Procuradores de A Coruña ha tenido que guardar en un espacio especial, dotado de las correspondientes medidas de seguridad, y que ha supuesto ya importantes desembolsos para mantener cada pieza en las mejores condiciones. Estas no se podían subastar, inicialmente, por no haber sentencia firme. «Después, el Supremo resolvió, y de nuevo pedimos al Plan Nacional sobre Drogas que nos dejase subastar, y hacer antes una exposición en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero aún no nos han contestado. Estamos perdiendo tiempo y dinero».