Desahuciados de su vivienda: «Intentaremos que no nos echen de casa, porque tengo una hija y no sé a dónde ir»
AROUSA
La comisión judicial paralizó ayer el desahucio de una familia porque a la mujer le dio un ataque de ansiedad
05 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El desalojo de una familia arruinada está en marcha en Saiáns. Tal y como están las cosas, Bárbara Miranda, su marido Óscar Pérez y su hija de 10 años deberán recogerlo todo y buscarse otro sitio para vivir porque el chalé ubicado en el Camiño do Portiño, donde han residido hasta ahora, salió a subasta pública y ya tiene un nuevo propietario que quiere ocuparla.
De hecho, el lanzamiento estaba previsto para primera hora de la mañana de ayer. Una treintena de vecinos y familiares acudieron a la vivienda para mostrar su apoyo a los afectados cuando se presentó la comisión judicial. El cambio de cerraduras no llegó a producirse porque a Bárbara le dio un ataque de ansiedad y tuvo que desplazarse una médico en una ambulancia para asistirla. La doctora desaconsejó que la mujer abandonara la casa por su estado de salud, por lo que el procedimiento fue suspendido.
La comisión judicial regresará el lunes acompañada por las fuerzas del orden para garantizar a los nuevos propietarios el acceso a la casa por la que pujaron y que les fue adjudicada por un importe cercano a los 200.000 euros. «Intentaremos que no nos echen porque tengo una niña pequeña y no sabemos a donde ir», reconocía Bárbara ayer por la mañana. Afirma que carece de ingresos para poder buscar un alquiler en otra parte. Está en el paro sin cobrar ninguna prestación y ya agotó la ayuda familiar de 430 euros al mes. Su marido trabaja en una empresa en la que no le pagan, «por lo que nuestros ingresos ahora son cero», dice.
Está convencida de que han llegado a esta situación por culpa de una mala práctica profesional del abogado que les ha llevado el caso. «Esta es mi vivienda habitual. Presenté a mi abogado el padrón, pero no remitió los papeles al juzgado. Solo fui capaz de hablar con la procuradora el martes de la semana pasada, porque el letrado no me coge el teléfono», lamenta.
Residencia habitual
Su padre, Alberto Miranda, añade que el desahucio se basa en un malentendido, porque hace años la familia residió en otro piso de la avenida de la Florida que está embargado por el banco. Siguen teniendo las llaves pero el banco les obligó a vaciarlo para ponerlo a la venta. Por tanto, no pueden volver allí y se están viendo obligados a abandonar su residencia habitual, pese a los protocolos existentes para no dejar a ningún ciudadano en la calle por culpa de un desahucio.
Jamás esperaban encontrarse en estas circunstancias. Cuando el chalé de Saiáns salió a subasta pública, se anunció como una vivienda en ruinas. «Era una casa antigua que mi hija reconstruyó y para poder costear las obras pidieron una hipoteca de 300.000 euros», dice el padre.
Confiaron en un abogado que les aseguró que jamás perderían la casa porque nadie compraría una ruinas sabiendo que posteriormente debería de hacerse cargo de compensarles con el dinero que ellos invirtieron. En caso contrario, podrían tomarse la libertad de dejarlo todo como estaba.
El nuevo propietario les dijo que estaba dispuesto a negociar. Con esa promesa de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, los plazos judiciales siguieron su curso y hace unos días el abogado que habían contratado les dejó en la estacada. «Le pagué 5.000 euros y hace dos meses me cobro 2.000 garantizándome que presentaría una serie de recursos para que mi hija, mi marido y mi nieta no tuvieran que abandonar la casa durante cinco años y poder llegar a un acuerdo durante este tiempo», afirma Alberto Miranda.
Una empresa en declive
Este matrimonio perdió la vivienda porque estaba a nombre de la empresa familiar, que entró en concurso de acreedores. Los bienes fueron liquidados para pagar una deuda que había sido contraída con el Banco Popular.
La firma Mecanizados Ume se encargaba de la fabricación de utillería para la fabricación del automóvil en el parque tecnológico de Valladares. En el año 2012 suspendió pagos con 44 trabajadores. La firma facturaba en el 2006 y 2008 entre 7,5 y 6 millones de euros, pero con la llegada de la crisis entró en pérdidas. Fue una compañía muy puntera que en el año 2011 había recibido, junto a otras empresas del metal, una certificación que las acredita en la industria aeronáutica, que le valía para optar en los paquetes de subcontratación como proveedores de primer nivel del Airbus. Entre sus clientes figuraron grandes industrias del sector de la automoción, como GKN Indugasa, Dayco, Faurecia Escapes, MGI Coutier, Grupo Antolín-PGA y Aludec Iberia.
Pero la recesión económica hizo que los negocios se desplomaran como un castillo de naipes, colocándoles en una situación angustiosa.
La pareja recibió ayer el apoyo de la plataforma Stop Desahucios. Un miembro de la entidad acudió al domicilio para interesarse por su problema. «Es una injusticia total. Tienen que pedir un abogado de oficio para que esto se paralice y después ver toda la documentación para ver qué podemos hacer», manifestaba ayer Arturo Fernández, miembro del grupo de trabajo de la plataforma. Próximamente celebrarán una asamblea para estudiar qué acciones toman en defensa de estos vecinos.