La Audiencia no detecta delito de estafa, pero sí fraude, en una expropiación para el nudo de Curro

Alfredo López Penide
l. Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

AROUSA

RAMÓN LEIRO

04 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

En la expropiación de la cantera Áridos de Curro para construir el macronudo en Barro no existió ninguna estafa, tal y como sostenía la Fiscalía, pero sí un fraude fiscal. De este modo, la Audiencia de Pontevedra ha condenado a cuatro meses de prisión, novecientos mil euros de multa y le restringe la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por un período de dos años al empresario Juan Luis Abal Piñeiro, administrador único de la citada firma, como autor de un delito contra la Hacienda Pública. Este mismo cargo recae sobre su compañía, de tal modo que se le sanciona con doscientos mil euros y la imposibilidad de obtener subvenciones durante, también, dos años.

El ministerio público sentó en el banquillo, además, al perito que tasó la sociedad para la Xunta en el marco del proceso expropiatorio. En su caso, las magistradas de la sección cuarta lo exoneran de cualquier responsabilidad penal bajo la premisa de que «no ha quedado demostrado que el informe de tasación realizado por el acusado sea siquiera incorrecto». De igual modo, entienden que no cabe «hablar de una connivencia entre el perito con el otro acusado, el expropiado, con el fin de fijar un precio desorbitado, muy superior al real, que permitiera perpetrar una conducta fraudulenta, engañando a la Administración».

En este punto, la Audiencia reseña que el único dato que apunta a un posible concierto entre los acusados es un correo electrónico a la Fiscalía General del Estado en el que se refería que Abal Piñero «era pariente del entonces presidente de la Diputación -Rafael Louzán-, cuya intervención en este proceso, desde luego no figura». Posteriormente, durante la vista oral, el autor de este correo confesó que «la referencia que hizo constar relativa a la posibilidad de obtención de mayor beneficio por ser familiar del presidente de la Diputación es de su cosecha propia, lo que nos lleva a concluir que se trata tan solo meras de conjeturas».

En cuanto al fraude fiscal, el dictamen incide en que el propio empresario reconoció que presentó una declaración complementaria al impuesto de Sociedades del 2010, ingresando 372.571 euros, así como que, posteriormente, abonó otros 86.077 euros por recargo e intereses.