Se cree que pudo distribuir las 4.000 coca-colas intervenidas por la Guardia Civil
30 jun 2017 . Actualizado a las 07:32 h.El pasado fin de semana, la Guardia Civil intervino y precintó más de cuatro mil coca-colas en el transcurso de una serie de inspecciones en establecimientos de los municipios coruñeses de Noia y Porto do Son. Las pesquisas posteriores de los agentes del instituto armado apuntan en la dirección de que detrás de estos refrescos estaría una empresa distribuidora ubicada en la provincia de Pontevedra.
¿Existió riesgo para la salud de los consumidores?
Todas las fuentes consultadas coinciden en que, en principio, la salud de las personas que pudieron haber consumido estos refrescos no corrió riesgo alguno. Añadieron que, en este caso concreto, se trata de refrescos que tendrían que haber sido distribuidos en otros países -algunas fuentes hablan de Portugal, mientras que otras apuntan a Francia o, incluso, Dinamarca-, por lo que nunca tendrían que haber entrado en territorio nacional.
¿Qué consecuencias pueden acarrear estos hechos?
A nivel de consumo, serán consecuencias de carácter administrativo. De este modo, en el momento en el que se concrete la firma que llevó a cabo la distribución, supuestamente, irregular de este producto alimenticio se podría exponer a sanciones económicas. En el caso de los bares y establecimientos en los que se comercializaron estas bebidas, las fuentes consultadas matizaron que, en el caso de que se demuestre que actuaron de buena fe, esto es, que no fueron conscientes de las infracciones, podrían ser exonerados de cualquier responsabilidad. No obstante, si se demuestra que se buscó defraudar a Hacienda, los autores se pueden enfrentar a cargos penales por fraude fiscal o, incluso, contrabando.
¿Cómo se detectó la presencia irregular de estos refrescos?
Todo parece indicar que el etiquetado de los mismos fue lo que levantó las sospechas de los agentes de la Guardia Civil. Por lo pronto, la legislación española establece que «las indicaciones obligatorias del etiquetado de los productos alimenticios que se comercialicen en España se expresarán, al menos, en la lengua española oficial del Estado», circunstancia que no se produciría en este caso concreto. De igual modo, es obligatorio reseñar la denominación, así como el nombre y domicilio del fabricante o envasador o vendedor en la UE.
¿Qué efectos tuvieron en el sector?
En este tipo de situaciones, está claro que las consecuencias económicas para los distribuidores autorizados de Coca-Cola o de cualquier otra mercancía son muy negativas, ya que perdieron ventas y posición de mercado. Además, cabe la posibilidad de que se pudiese haber ofrecido este producto por debajo del precio habitual.