La almeja de Cabo de Cruz vendida en Carril estaba expuesta a la putrefacción

Las diligencias policiales 981/16 recogen como hechos constatados con fotografías y seguimientos a investigados muchas de las leyendas urbanas que se atribuyeron durante años al furtivismo. El atestado, instruido por la Policía Autonómica, supone una decálogo de todo lo que no se debe de hacer con el marisco, tanto por los furtivos como por los receptores del bivalvo saqueado sistemáticamente en las concesiones de la cofradía de Cabo. Dicho informe denota que, además de un presunto delito contra la flora y la fauna, o de otro fiscal por no declarar el dinero obtenido, los dos grupos organizados de Boiro y Noia acusados de vender grandes cantidades de almeja a una parquista de Carril no se preocupaban lo más mínimo de cuidar la mercancía, hasta el punto de estaba expuesta a la «putrefacción» durante horas.

La operación Parque explotó el pasado 29 de noviembre con los arrestos de cuatro personas y la imputación de otras 19. El boirense José René Rodríguez está considerado por la Policía como uno de los cabecillas de esta trama. En el lado sur de la ría brilla con luz propia el nombre de Rosario Maneiro, integrante de la junta general de la cofradía de Carril y presidenta de una de las dos agrupaciones de parquistas, que también fue arrestada cuando, según parece, estaba recibiendo una remesa en su casa de manos de José René y otros dos acompañantes.

El inicio del trabajo policial comenzó en verano a raíz de una denuncia presentada por la cofradía crucense, que ponía en conocimiento de los agentes el robo de marisco con rastros de grandes dimensiones manipulados para arrastrar almeja de todos los tamaños, incluida la cría, comprada con fondos del pósito.

El seguimiento realizado a estos individuos, durante más de cuatro meses, permite identificar a dos grupos organizados y jerarquizados de Noia y Boiro que actuarían juntos o por separado, en función de las necesidades de cada día. Lo que sí tendrían como punto de unión estos individuos es el destino del marisco que están acusados de coger sin permiso. Ese nexo se ubica en Carril, y concretamente en la casa de la conocida parquista ya citada, a la que se entregaba el marisco, en la mayoría de transacciones, en su propia vivienda. Muchas de estas entregas están fotografiadas, hasta el punto de que parte del sumario judicial, que se instruye en el Juzgado Número 1 de Ribeira, está formado por decenas de hojas en las que solo hay fotografías inculpatorias.

Pero más allá de la trama investigada, y que podría derivar en la condena de al menos dos delitos, la Policía Autonómica deja constancia en sus diligencias el riesgo que suponía el consumo de este bivalvo para salud de los destinatarios finales. En uno de los muchos párrafos que relata al detalle este riesgo latente para la sociedad, consta: «Los sacos de marisco extraído en arenales de Boiro se escondían entre matorrales y depositándolo en el suelo, en zonas amplias y abiertas a cualquier animal sin más protección que una simple red y expuestos a diferentes condiciones meteorológicas».

Los agentes encargados de seguir a los acusados añaden que esa almeja «no está protegida de ningún foco de contaminación y se expone a ser mantenida en seco, lo que acelera su muerte para dar paso a un proceso de putrefacción».

La Policía Autonómica añade que «ese bivalvo era trasladado siempre desde Boiro a Carril en vehículos particulares, careciendo de las condiciones óptimas para la conversación y demás garantías sanitarias». Ya en Carril, la parquista acusada de ser la receptora del producto fue vista «arrojando gran cantidad de marisco muerto a una carretera próxima a su domicilio, extremo que da a entender que el resto del marisco también puede encontrarse contaminado, con los peligros que eso conlleva en caso de entrar en la cadena alimentaria del ser humano».

En las mismas diligencias, y unas líneas después de lo ya narrado, la Policía concluye: «Rosario Maneiro, por lo general, opta por resembrar dicho marisco en sus parques de cultivo mezclando el producto sano y el contaminado».

Los acusados usaban a hijos y cónyuges para hacer contravigilancia a agentes y cofradía

La Policía Autonómica otorga a los dos grupos de furtivos de Boiro y de Noia que están imputados en el marco de la operación Parque la categoría de jerarquizados y organizados, además de atribuirles infraestructura para llevar a la práctica sus planes relacionados con el furtivismo.

Las diligencias 981/16 detallan que estos individuos, al día siguiente de dejar el marisco escondido en matorrales durante horas, «y conociendo los horarios de cambios de turno de los guardapescas, estableciendo en las inmediaciones de las playas uno, dos y en ocasiones más puntos de contravigilancia. Siendo los propios cónyuges, hijos y/o algún compañero furtivo, quienes en sus vehículos particulares advierten de la presencia policial y de posibles controles de carretera en el transcurso de Boiro y hasta el domicilio de Rosario Maneiro, ya en Carril», según consta en las diligencias.

Dinero en efectivo

Una vez en la vivienda, prosigue el informe policial al que tuvo acceso La Voz de Galicia, «Rosario [en alusión a la vecina de Carril] recibe a sus proveedores en la puerta de un aledaño y tras cargar el marisco les paga, mediante dinero en efectivo al cabecilla de cada grupo respectivamente».

Podrido

La Policía Autonómica ha vuelto a demostrar que el furtivismo es una lacra galopante y que existe toda una economía sumergida alrededor que, por si esto fuera poco, pone en riesgo la salud pública. Cabo, es de sobra conocido, supone una mina para estos ladrones, pero sobre Carril, atendiendo a esta y otras investigaciones pasadas, también existe una sombra demasiado alargada y nada cristalina. Más bien turbia.

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