Sospechan que el parricida de Moraña también desvió dinero de sus vecinos

Un perito auditará la gestión de Oubel en comunidades de propietarios


Pontevedra / la voz

El asesinato de sus dos hijas no es el único frente judicial que tiene abierto en la actualidad el parricida de Moraña. Desde hace unos meses, la Fiscalía de Pontevedra supervisa una investigación para concretar si existió algún tipo de comportamiento delictivo por parte de David Oubel en la gestión de las cuentas de, al menos, seis comunidades de vecinos en el entorno de las localidades pontevedresas de Moraña y Caldas de Reis.

Todo parece indicar que los presidentes de estos colectivos ya han hecho llegar a la sede del ministerio público toda clase de documentos, desde sus respectivos libros de contabilidad hasta facturas de toda índole. Del estudio de lo aportado, la Fiscalía ya ha sacado la primera conclusión, que existen sospechas más que fundadas de que Oubel pudo haber empleado parte del dinero de estas comunidades para abonar algunas de las cuotas mensuales de la pensión de sus hijas, a las que, el 31 de julio del 2015, degolló.

Las fuentes consultadas precisaron que, tras la separación de su mujer, se estableció que este vecino de Moraña tenía que pasarle una cierta cantidad de dinero al mes como manutención de las pequeñas. Todo parece indicar que cumplió con el régimen acordado. Sin embargo, ahora se cree que, en alguna ocasión, el dinero pudo haber salido de la cuenta de alguna de las comunidades de propietarios que administraba.

De igual modo, no están claros otra serie de pagos que se realizaron durante la etapa de Oubel al frente de la contabilidad de estos colectivos vecinales. Así, aparecen recogidos una serie de abonos a empresas que, según trascendió, solían realizar trabajos para estas comunidades, pero los vecinos sostienen que nunca se llevaron a cabo tales intervenciones.

Ante tales divergencias, se ha solicitado el nombramiento de un perito judicial que lleve a cabo una completa auditoría de las cuentas. El objetivo es confirmar si se desvió partidas económicas para gastos no autorizados e, incluso, personales de David Oubel.

Una posible apropiación

En el supuesto de que hubiera sido así, se prevé la apertura de diligencias por la posible comisión de un delito de apropiación indebida. Al igual que ocurrió el pasado julio cuando trascendió esta investigación, por el momento no hay indicios que apunten a la existencia de otros delitos, como podía ser el caso de una falsedad documental o una estafa.

Un jurado dirimirá en diciembre en la Audiencia el crimen de Ponte Sampaio

El de Candela y Amaya no fue el único asesinato que se registró en la comarca de Pontevedra el pasado año. Así, la Audiencia de Pontevedra ha habilitado una semana, la comprendida entre el 12 y el 16 del próximo diciembre, para juzgar el crimen de Conchi Reguera en las inmediaciones de su piso en Ponte Sampaio.

Serán los nueve miembros de un jurado popular los que determinen si, tal y como sostiene la Fiscalía, José Antonio Lusquiños Bustelo, es autor de un asesinato que debe ser castigado con veinte años de prisión. Por su parte, la defensa sostiene que lo ocurrido en la madrugada del 24 de octubre fue un homicidio, por lo que su cliente debe ser condenado a once años de cárcel.

El escrito de acusación de ministerio público recoge que, tras nueve meses de relación, el encausado «no aceptó de buen grado» la ruptura. De este modo, la noche del crimen, Lusquiños Bustelo se desplazó hasta las inmediaciones de la vivienda de la que había sido su novia y la esperó.

Sobre las tres y media, Conchi regresó a casa y se encontró con el acusado, quien se aproximó diciéndole que solo «quería hablar». Se subió al coche, pero pronto comenzó una discusión, en el transcurso de la cual se produjo el asesinato. «De repente y de forma inesperada, el acusado, con el ánimo de acabar con su vida, atacó a Conchi con un arma blanca que llevaba consigo, monocortante, muy afilada».

La hirió, pero la pontevedresa aún consiguió salir del coche. En la calle, el encausado le volvió a clavar el arma varias veces». Se contabilizaron por parte de los forenses una veintena de heridas

El fiscal entiende que hubo alevosía en el crimen y una agravante de parentesco

Fue el 31 de julio de hace un año cuando Candela, de 9 años, y su hermana Amaya, de 4, fueron degolladas presumiblemente por su padre en el domicilio de este último. El fiscal entiende que ambas «murieron degolladas con un instrumento afilado de borde aserrado y cortante», en principio, una sierra radial. Por estos hechos, calificados como dos asesinatos, el ministerio público solicita una pena de prisión permanente revisable -no cabe la posibilidad de aplicar dos veces esta pena-. Y es que el Código Penal establece que esta condena se aplicará cuando la víctima de un crimen violento «sea menor de 16 años de edad», como es el caso. Entiende que existió alevosía en el asesinato de ambas pequeñas, así como entiende que debe aplicar la agravante de parentesco.

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