El fiscal confirma una rebaja sustancial de las penas para el clan de Vázquez Roma

En el juicio más largo de la historia reciente de la Audiencia, pasó de solicitar 27 años a pedir 12 para el principal acusado

El juicio se dilató tanto que los acusados llevan varias semanas sentándose en el banquillo.
El juicio se dilató tanto que los acusados llevan varias semanas sentándose en el banquillo.

Pontevedra / La voz

Coincidiendo con el octavo aniversario de la operación policial que frustró el desembarco en las costas pontevedresas de cerca de cuatro toneladas de cocaína, ayer culminó en la Audiencia Provincial de Pontevedra lo que el fiscal antidroga no dudó en calificar como «el juicio más extenso sino de toda la historia de la Audiencia, sí que de sus últimos años».

En el banquillo, José Ramiro Vázquez Roma y varios de los identificados por las fuerzas del orden como miembros de su organización hasta completar una nómina de una veintena de acusados. Y los cargos que se dirimían aludían al narcotráfico, la pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

En esta última jornada, el ministerio público varió su escrito de acusación inicial. De este modo, retiró todos los cargos sobre una de las mujeres inicialmente identificadas como subordinadas de Vázquez Roma y que es militar profesional, toda vez que no se acreditó «su participación voluntaria» en estos hechos.

Como contrapartida, instó a los magistrados de la Audiencia a que se deduzca testimonio de uno de los testigos que compareció a instancia de una de las defensas. De este modo, se pretende que se valore «si sus manifestaciones pudieran ser constitutivas de un delito de falso testimonio». «Ha mentido al tribunal», señaló.

Curiosamente, las mayores condenas no se solicitan para Vázquez Roma, que se enfrenta a una petición de 12 años -al arranque de la vista oral se le pedían veintisiete años-, sino para algunos de los considerados colaboradores y que, a diferencia del cabecilla del clan, rechazaron llegar a una suerte de acuerdo con el fiscal. Aunque el pacto con buena parte de los encausados conlleva una rebaja de las penas, estos consideran que es insuficiente, por lo que argumentaron la necesidad de que la atenuante de dilaciones indebidas contemplada por el fiscal sea considerada como muy cualificada.

El fiscal defendió la legalidad de las escuchas telefónicas, algo que pusieron en solfa los letrados de los acusados que negaron cualquier vinculación con el alijo interceptado en la operación Piraña del 2007. En este punto, el representante del ministerio público reconoció su sorpresa al observar como un letrado impugnaba los pinchazos, incluso, después de que su cliente confesara.

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