«Estamos detectando retrasos e outros problemas no pago do Fogasa. Incluso se lle podería chamar irregularidades». Con esta frase iniciaba Xoán Bouzas una rueda de prensa convocada para explicar los problemas a los que se enfrentan aquellos trabajadores que se han visto obligados a reclamar nóminas e indemnizaciones que sus empresas no les han abonado a través de este Fondo de Garantía Salarial.
En la comarca de O Salnés, y sólo en lo referido a expedientes tramitados a través de la CIG, habría alrededor de quinientos trabajadores afectados por esta situación. Medio millar de personas que se encuentran, en muchos casos, en situaciones dramáticas al haber agotado las prestaciones por desempleo y tras haberse quedado sin ingresos de ningún tipo.
Según explica la CIG, los expedientes que afectan a estos trabajadores tienen una demora de entre 15 y 18 meses, aunque hay casos que rompen la media. Es el caso, por ejemplo, de las trabajadoras de una residencia de ancianos de O Grove que fue desmantelada en el 2010 y que aún cobraron «o mércores da semana pasada» las cantidades pendientes.
Pero los grandes retrasos no son el único problema al que se enfrentan los trabajadores pendientes del Fogasa. Hasta ahora, el Fogasa daba por liquidado un expediente cuando el trabajador cobraba el dinero correspondiente a dos mensualidades, un 40 % que aportaba directamente el Fogasa, y un 60 % del que se hacía cargo este organismo en caso de que no lo asumiese la empresa implicada. Ahora, sin embargo, el proceso ha cambiado, y se da por zanjado un expediente tras el cobro de los 120 días y el 40 % del Fogasa. El 60 % restante queda aparcado, dándosele a los afectados dos meses para reclamar que su expediente no ha sido zanjado por completo y obligándolos a iniciar una reclamación por vía judicial paralela a la apertura de un nuevo expediente. Eso supone que, tras año y medio esperando para acceder a los pagos que les corresponden, los trabajadores se ven obligados a iniciar un peregrinaje que puede demorarse aún año y medio más.
Esta circunstancia obedece, según la CIG, a un intento del Gobierno por «diferir a débeda» y aplazar los pagos de forma considerable, sin tener en cuenta que «detrás dos números hai historias e hai dramas terribles. Para cando moitos traballadores cobran, xa teñen a casa embargada», se lamentaban Rosa Abuín y Xoán Bouzas.
Para explicar lo que está pasando con el Fondo de Garantía Salarial, la CIG ha convocado el miércoles, a las siete y media de la tarde, una asamblea informativa abierta a todas aquellas personas interesadas en el asunto. En ese encuentro está previsto que se fije un calendario de movilizaciones.