La asociación Libera critica a las administraciones por la «poca sensibilidad» que muestran para atajar estas conductas
04 jun 2014 . Actualizado a las 06:54 h.La asociación animalista Libera y la Fondation Franz Weber presentaron hace unos días ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Pontevedra nuevas denuncias contra el uso de cepos en caballos en el monte Castrove, en Meis, y en Xiabre. Ambas organizaciones insisten en que esta práctica representa un delito de maltrato animal, pese a lo cual sigue estando muy extendida entre los ganaderos.
De hecho, ayer mismo, un ciudadano anónimo que circulaba en coche por la carretera que separa Armenteira de O Busto alertó de la presencia de un caballo que portaba una «tranca» de madera de grandes dimensiones en las patas. Desde Libera lamentan la falta de implicación de las autoridades en esta lucha: «La falta de condenas, la única el año pasado gracias a las pesquisas del Ministerio Fiscal, y la nula implantación del preceptivo microchip identificador en el conjunto de la cabaña equina favorecen la sensación de impunidad de las personas que siguen maltratando a los caballos con estos artefactos».
Las trancas causan severas heridas a los animales, e incluso se ha constatado algún caso de muerte por la falta de una atención veterinaria urgente.
Dificultades de identificación
En O Salnés, la asociación ha constatado al menos ocho casos en Xiabre y siete en el monte Castrove. El problema para combatir esta lacra radica principalmente en las dificultades para identificar a los propietarios de los animales, toda vez que los caballos no portan el microchip identificativo y, sin él, es casi imposible que la denuncia prospere una vez que llega a la mesa del fiscal.
En el marco de las críticas a las autoridades por su falta de implicación en esta lucha, desde Libera llamaron especialmente sobre la Xunta de Galicia. Considera la asociación que la Administración autonómica está vulnerando el derecho comunitario «al no poner los medios necesarios para proceder a la identificación efectiva de los caballos de la forma que obliga un reglamento de la Comisión Europea».
En opinión de la organización animalista, la postura de la Xunta en esta materia podría suponer la apertura de un expediente y la imposición de «importantes sanciones» al Gobierno español en calidad de estado miembro de la UE. «Las diligencias archivadas en estos últimos años por las fiscalías delegadas advierten de que es precisamente esa falta de identificación la que impide la detención de los autores del maltrato animal», concluye.