Mil viviendas podrían legalizarse en la comarca con la Ley de Costas

El PP cree que se pueden regularizar el 85% de los inmuebles afectados

La ría de Arousa es una de las áreas más afectadas por Costas en Galicia, pero la nueva ley abre una puerta a su legalización.
La ría de Arousa es una de las áreas más afectadas por Costas en Galicia, pero la nueva ley abre una puerta a su legalización.

Vilagarcía / La Voz

El PP está convencido de que entre un 85 y un 90 % de las viviendas e inmuebles afectados por la Ley de Costas en Galicia se van a poder legalizar a raíz de la reforma emprendida para modificar la normativa estatal. Por ese motivo, sus representantes se están reuniendo con los alcaldes de la comarca para instarlos a que hagan esa solicitud enviando al Ministerio de Medio Ambiente toda la documentación requerida. En Vilanova ya hace que se creó una comisión a tal fin, y el alcalde de O Grove, Miguel Ángel Pérez, se desplazó ayer a Vilagarcía para reunirse con los vicepresidentes del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Marta Rodríguez y Román Rodríguez, con la diputada en el Congreso Paz Lago y con el senador José Luis Rivera en la sede del partido. El objetivo, conocer de primera mano todos los detalles de una controvertida reforma que abre la puerta a la legalización de 237 inmuebles en O Grove, uno de los municipios más afectados junto con Cambados, A Illa, Vilagarcía y Vilanova.

Los representantes populares no se cansaron ayer de repetir que la reforma de la Ley de Costas no es una amnistía ni un resquicio para legalizar los excesos de la especulación urbanística, sino para «adaptar unha norma estatal á nosa realidade».

De esa manera, aquellos núcleos rurales gallegos afectados por la Lay de Costas que cumplan una serie de requisitos pueden ahora solicitar esa regularización y evitar así seguir como hasta ahora, en tierra de nadie.

En O Salnés son más de 1.000 inmuebles, entre viviendas y negocios, los que están en esta situación, y el PP cree que la mayoría podrían encajar en una transitoria pensada para dar salida a aquellos edificios construidos antes del año 1988 y que están dentro del dominio público o de la zona de servidumbre afectada por la ley; es decir, a menos de cien metros del mar.

Si los concellos hacen la solicitud en tiempo y forma, entre 900 y 1.000 viviendas y empresas de la comarca podrían legalizarse, a entender de los cálculos que hicieron los populares. Los trámites y los plazos para presentar la solicitud dependen de una serie de cuestiones urbanísticas sobre las que se está informando a los alcaldes.

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