Al menos en lo que se refiere a la Ley de Costas, parece haber entendimiento entre los grupos políticos que forman parte de la corporación de Vilanova. En la tarde del jueves se reunieron los portavoces municipales para consensuar las medidas que se van a adoptar una vez aprobada la nueva ley estatal, que deja algunos resquicios para que los municipios puedan legalizar antiguas viviendas y negocios afectados por Costas.
Tal y como explicó ayer el alcalde, Gonzalo Durán, hay acuerdo a la hora de solicitar que tanto en As Sinas como en Currás y A Pantrigueira se solicite la rebaja de la línea de costas de 100 metros a 20, al entender que los tres núcleos cumplen los requisitos; es decir, que está consolidado más de un tercio del territorio, que haya servicios y que ya existiese planeamiento urbanístico.
Bajo esa premisa y en función del acuerdo, se creará una comisión con un representante de cada partido cuya constitución se formalizará en el próximo pleno. Posteriormente se solicitará a los técnicos un informe para remitirlo a Costas del Estado.
Los pasos son los siguientes: desde la publicación de la ley hay tres meses de plazo para presentar los informes; por lo tanto, «tenemos que ponernos a trabajar porque no hay mucho tiempo», advirtió el alcalde. Luego, Costas tiene 18 meses para responder. Como se prevé que haya muchas solicitudes de toda España y un plazo de tiempo corto para resolverlas, Durán considera «fundamental» que se haya estipulado que, si el organismo estatal no contesta en ese plazo, «el silencio administrativo se entiende en positivo», es decir, que se darán por buenas las reclamaciones.
Vilanova se ha curado en salud y presentará tres informes distintos para cada una de las zonas afectadas, de esta manera, si se rechaza una de ellas podrían salvarse las otras, algo que no ocurriría si se presentan juntas y son rechazadas todas ellas en bloque.
En cuanto a la redacción del PXOM, el alcalde dijo que se está esperando por la nueva Lei do Solo de Galicia. El regidor vilanovés opinó al respecto que se está cayendo en un «furor legislativo» que a su entender hay que frenar. «No tiene sentido aprobar una cosa que se va a quedar obsoleta». Por eso él pide «que no se toquen las leyes en los próximos diez años, para dar una seguridad jurídica».