El Supremo rebaja aún más las penas a condenados en la operación Destello

julio á. fariñas REDACCIÓN / LA VOZ

AROUSA

04 abr 2012 . Actualizado a las 19:32 h.

La operación Destello, cerrada policialmente hace seis años con medio centenar de detenciones, con nombres históricos de narcos gallegos y socios de los gallegos, como Daniel Baúlo, Charlín Paz -nieto del patriarca del clan de los Charlines-, Alonso dos Santos -Viriato-, y Jorge Isaac Vélez Garzón, un colombiano que ya había caído en España hace más de 20 años con Sito Miñanco y que salió de la cárcel convertido en uno de los principales embajadores de los carteles de su país en Europa, acabó en fiasco judicial.

El Tribunal Supremo acaba de hacer pública la sentencia en la que estima parcialmente los recursos de varios condenados hace poco más de un año por la Audiencia Nacional y rebaja aun más las condenas impuestas por un tribunal sentenciador que despachó en el tiempo récord de 12 sesiones un macroproceso que había sentado a 36 de los 41 acusados en el banquillo.

La nueva sentencia absuelve por falta de pruebas al colombiano Fabián Ramos Giraldo, inicialmente condenado a 10 años. También acepta que uno de los tres transportes de cocaína por los que fueron condenados varios acusados se quedó en tentativa, con lo que las penas inicialmente impuestas -de cuatro años y medio a diez para cinco de los procesados- se quedan en cuatro años y tres meses para cada uno.

A otros cuatro se les retira el agravante de pertenencia a la organización, con lo que sus condenas de diez años se reducen año y medio cada uno.

Por último, también tira por tierra la agravante de reincidencia aplicada a tres de los condenados, entre ellos a Vélez Garzón y a Charlín Paz, con lo que sus condenas de 19 y nueve años de cárcel, respectivamente, se benefician de sendas rebajas de un año cada uno.

Las rebajas del Supremo responden a cuestiones técnicas, pero se suman a las que arrastraba este atípico proceso.

Las penas que inicialmente solicitaba la Fiscalía antidroga para los 36 procesados en sus conclusiones provisionales rondaban los 1.900 años de cárcel.

Después de los arreglos que negociaron con la representación del ministerio público los abogados defensores de los acusados, 22 de ellos -varios reincidentes- vieron rebajadas en un total de 362 años las penas de cárcel solicitadas. El tribunal sentenciador a algunos aún se las rebajó más y a cinco los absolvió, entre ellos a Daniel Baúlo, que no había llegado a acuerdos con la Fiscalía.