La aprobación de la Lei de Pesca en el Parlamento gallego no ha significado el cierre del debate sobre ese texto y sobre las repercusiones que tendrá sobre los sectores que dependen del mar gallego. El diputado del BNG Bieito Lobeira se trasladó ayer a Vilagarcía para, desde la capital arousana, advertir de la situación de «extrema inseguranza e precariedade» en la que el nuevo texto coloca, dice, al sector mejillonero gallego. El principal problema detectado por los nacionalistas en esa ley son aquellos artículos en los que se hace mención a la renovación de las concesiones de las bateas, y en los que se consagra la famosa puesta a cero de los contadores pese «á existencia dun informe desfavorable da propia Xunta».
El informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta al que hace mención el Bloque apunta dos posibles problemas. Lobeira recuerda, en primer lugar, que en la explotación de una batea concurren dos permisos: uno por ocupación de lámina de agua, que depende del Gobierno central, y otro que autoriza únicamente la actividad de cultivo, que depende de la Consellería do Mar. Para poder poner los contadores a cero, explica el Bloque, con plenas garantías, tendría que estar asegurada la renovación automática de la autorización del Gobierno central, algo que no es así. «Podería darse a paradoxa de que unha persona teña o permiso de actividade concedido pola Xunta, pero non teña espacio físico no que colocar a súa batea, porque para iso ten que ter renovado o permiso estatal», explica Lobeira. «O PP estalle ocultando eses datos á sociedade e ao propio sector, e van acabar levando aos bateeiros galegos á ruina».
El mismo informe esgrimido por el Bloque señala, también, que en el articulado de la ley no está claramente justificado el porqué se debe hacer una excepción en las condiciones para la renovación de las concesiones de las bateas. Echan de menos elementos que permitan establecer con claridad el «interese público» de esa medida excepcional, de forma que se pueda «evitar calquera posible alegación de arbitrariedade ou de preterición do principio de confianza lexítima doutros aspirantes a poder ser adxudicatarios de concesións para o exercicio da acuicultura».
Unidad y presión
Según el BNG, todas esas inconcrecciones no hacen más que debilitar al sector mejillonero gallego. Algo que encaja perfectamente, dice, con las líneas marcadas por una Consellería do Mar que actúa «como unha franquicia dos grandes intereses chilenos e conserveiros». Por eso, asevera Lobeira, el PP ha rechazado todas las propuestas realizadas por el BNG para el sector mejillonero. Ayer, en Vilagarcía, citó algunas de las iniciativas que fueron rechazadas por el PP. La primera, que desde el Igape se arbitrasen medidas para evitar el retraso en los pagos que estrangula a los productores. La segunda, que se adopten medidas para garantizar un etiquetado claro que permita conocer el origen del mejillón enlatado -recordó que en los últimos seis años el mejillón importado pasó de 9 a 100.000 toneladas-. La tercera, la singularización de los 1.200 barcos auxiliares que hay en Galicia. La cuarta, vincular la concesión de ayudas a las conserveras al uso de producto gallego. Todas esas iniciativas del BNG cosecharon un rotundo «no» que demuestra que «ao PP, o sector mexilloeiro tanto lles ten». Por eso, el Bloque invita a los bateeiros a unirse e iniciar movilizaciones.