La ley que prepara la Xunta frenará la nueva área comercial de Rubiáns


La agilidad que la promotora catalana Ría de Vilagarcía S. L. quiere imprimir al estudio de detalle que abriría las puertas a un nuevo centro comercial en Rubiáns tiene sus razones. Todas ellas se encuentran en el anteproyecto de la Lei de Comercio de Galicia que en estos momentos maneja la Xunta. Por el momento, el documento no ha llegado a la fase de debate parlamentario. Pero la intención de la Consellería de Industria es clara al respecto: la entrada en vigor de la nueva normativa se traducirá en una moratoria de dos años sobre todos aquellos proyectos comerciales cuya superficie supere los tres mil metros cuadrados.

Entre otros objetivos, el futuro marco legal se propone ordenar con eficacia los servicios comerciales, atendiendo a criterios que hasta el momento se habían pasado por alto. Es el caso del impacto de las áreas comerciales sobre el territorio y su influencia en las redes de servicios. Dos factores que, precisamente, deja en el aire el estudio de Ría de Vilagarcía para el desarrollo del centro de Ande-Rubiáns.

El informe jurídico elaborado por los técnicos del Concello, aun siendo favorable, así lo indica, condicionando la aprobación del estudio de detalle a dos exigencias: «Se resolva a viabilidade da conexión coa N-640» y «se xustifique a suficiencia das redes de servizos cara á demanda que poida xerarse no ámbito, ou ben a implantación do mesmo ata a conexión cos existentes na sección suficiente». En otras palabras, si la ley estuviese hoy en vigor, la solicitud de la promotora catalana no recibiría el visto bueno de la Xunta hasta que resolviese ambos vacíos. Exactamente lo que el pleno de Vilagarcía ha hecho al dejar el punto sobre la mesa.

Un gran establecimiento

Por si persistiesen dudas al respecto, basta con consultar el borrador que Industria ha sometido al período de alegaciones para comprobar que los volúmenes que se prevén en Rubiáns -una nave de casi trece mil metros y un almacén superior a los seis mil, con un aparcamiento capaz de dar cabida a seiscientos vehículos- entran de lleno en la categoría de «grande establecemento comercial», la mayor que maneja el documento. Desde el momento en que la moratoria se ponga en marcha, será la consellería, y no el Concello de Vilagarcía, el organismo que deba resolver la tramitación.

En cualquier caso, cabe preguntarse por los efectos de la decisión unánime del pleno de no pronunciarse acerca de la aprobación del estudio de detalle. Esta postura en absoluto agota el proceso, ya que la empresa podría recurrir a la figura del silencio administrativo para obviar este trámite. El PXOM de la capital arousana marca específicamente que la ordenación de parcelas superiores a 3.000 metros cuadrados, como es el caso, debe producirse mediante la redacción del correspondiente estudio de detalle. Y esto es lo que ha hecho Ría de Vilagarcía.

Ahora bien, si la sociedad catalana apela al silencio administrativo -los plazos siguen corriendo- podría pasar directamente a la presentación del proyecto. De ser así, el Concello tendría que acudir, probablemente, a la vía del contencioso.

Ausencia de presiones

Las prisas de la promotora tienen, por lo tanto, una sencilla explicación. Tanto es así que la propia empresa señaló, en su petición de aprobación definitiva del estudio de detalle, que cualquier otra decisión por parte del Ayuntamiento entraría de lleno en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Planteado de forma más directa, la sociedad implantada en Barcelona advierte a los concejales de que puede acudir a los juzgados y exigir responsabilidades no solo a la institución municipal sino también a los 21 integrantes de la corporación política que votaron a favor de que el punto quedase entre paréntesis.

Pese a las conclusiones que se podrían extraer de esta serie de afirmaciones, el responsable municipal de Xestión do Territorio y portavoz socialista, Marcelino Abuín, negó ayer que se estén ejerciendo presiones sobre el gobierno local.

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