Recogen más de 1.700 firmas para pedir que se impida la protección del lobo en A Mariña y Terra Chá, zonas de ataques continuos

María Cuadrado Fernández
M. CUADRADO VIVEIRO / LA VOZ

VIVEIRO

Eugenia Requeijo, ganadera de Muras, recogió firmas de apoyo en dos comarcas muy afectadas de la provincia: A Mariña y Terra Chá
Eugenia Requeijo, ganadera de Muras, recogió firmas de apoyo en dos comarcas muy afectadas de la provincia: A Mariña y Terra Chá Cedida

Vecinos de ambas comarcas piden al Gobierno central que se controle su superpoblación

24 sep 2021 . Actualizado a las 09:32 h.

Desde el pasado miércoles, 22, el lobo ibérico ha pasado a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). La decisión ministerial adoptada en Madrid no convence en territorios donde se suceden los ataques a ganado y a animales de compañía, con la consiguiente alarma social, como es el caso de municipios de A Mariña o de Terra Chá.

Mientras Unións Agrarias ha convocado para el 30 de septiembre, a las 12 horas, una protesta en Celeiro ante la jefatura de la Consellería do Mar, ganaderos, cazadores y vecinos de varios municipios de las comarcas antes citadas recogieron en los últimos días 1.732 firmas que han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico —con copia al de Agricultura— para denunciar que preocupa la decisión de que el lobo sea una especie protegida. Piden que se tengan en cuenta las firmas y que se impida su protección «en nuestra zona, de forma que se pueda controlar su superpoblación e impedir así tantos ataques a nuestro ganado como a animales de compañía».

La campaña de firmas fue impulsada por Eugenia Requeijo, ganadera y titular de una explotación de vacuno y equino en Muras, que ha recogido apoyos en ese ayuntamiento y en los de Vilalba, Xermade, Ourol, Viveiro, O Vicedo, Xove y As Pontes.

Las personas que han firmado el escrito indican que los ataques «afectan principalmente a las explotaciones de ganadería extensiva, que es la más ecológica y la que permite la gestión sostenible de la biomasa contribuyendo a prevenir de incendios y a preservar los hábitats naturales» y porque «es una decisión que perjudica a los ganaderos y vecinos de nuestra comunidad porque implica, de hecho, la prohibición genérica de su caza y, por tanto, impide controlar su expansión».