Saturación y carencias de los juzgados de Viveiro reactivan la demanda del tercero

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De izquierda a derecha, el portavoz local del PP, el anterior delegado de la Xunta en Lugo, el director de Xustiza, un concejal viveirense no adscrito, la alcaldesa María Loureiro y el juez decano, Pablo Múñoz, el pasado diciembre, en los juzgados
De izquierda a derecha, el portavoz local del PP, el anterior delegado de la Xunta en Lugo, el director de Xustiza, un concejal viveirense no adscrito, la alcaldesa María Loureiro y el juez decano, Pablo Múñoz, el pasado diciembre, en los juzgados XAIME RAMALLAL

La alcaldesa solicita a Xunta y TSXG «unha solución urxente ao colapso»

16 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Elocuentes y contundentes, las inspecciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifican la sobrecarga de trabajo en los dos juzgados de Viveiro y las carencias de personal y medios materiales. Reiteradas a lo largo de los años, continúan sin solución, pese a complicar y retrasar la atención judicial a más de 45.000 vecinos de Viveiro, Foz, Burela, Cervo, Xove, O Vicedo y Ourol. Ni regalando horas extra logran los funcionarios corregir atrasos acumulados que siguen incrementándose pese al «loable esfuerzo realizado por sus actuales integrantes», afirma el CGPJ.

Los recursos humanos y materiales competen a la Xunta, que a finales del año negaba una saturación constatada por el CPGJ y el TSXG y repetidamente denunciada por los funcionarios. Un día después de la tercera inspección en el último año, el Concello de Viveiro reactiva la demanda de un tercer juzgado.

Juntos ante la «grave situación»

Ya la planteó en el 2012, reiterándose desde entonces en distintas ocasiones, secundada por formaciones políticas y por organismos supramunicipales. Tres años después, en el 2015, la Xunta de Persoal da Administración de Xustiza en Lugo la repetía.

Igual que el Concello, que en un pleno de noviembre de ese año, a propuesta del alcalde socialista Melchor y con el respaldo de todos los grupos, incluido el PP, cuyo portavoz era el entonces concejal Jaime de Olano, ahora dirigente nacional de ese partido y diputado en el Congreso.

Basadas en datos oficiales y aportaciones de los funcionarios, las informaciones publicadas en este diario durante los últimos días han puesto en evidencia lo que la alcaldesa viveirense María Loureiro califica de «grave situación». Coincide con la valoración de los profesionales y todo apunta a que sería la principal explicación a las tres inspecciones realizadas desde noviembre

«Solución urxente ao colapso»

Como «se vén prolongando no tempo e trae graves consecuencias para os veciños e veciñas, que sofren a demora na tramitación dos distintos expedientes xudiciais», la regidora ha solicitado sendas reuniones «para atopar unha solución urxente ao colapso dos xulgados».

Loureiro pretende «falar sobre o problema» con Juan José Martín, director autonómico de Xustiza, y con José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente del TSXG. Ante el «exceso de traballo acreditado» por las supervisiones de órganos judiciales superiores, intenta, otra vez, convencer a quienes deciden de que crear el tercer juzgado en Viveiro «debe considerarse como unha necesidade urxente».

A finales del año pasado, la dirección autonómica de Xustiza condicionó cualquier solicitud de refuerzo de personal (que ineludiblemente conllevaría la creación del tercer juzgado) a que fuese previamente «analizada e aprobada» por la comisión mixta del TSXG y la Xunta. Nunca pidió el tercer juzgado para Viveiro.

El Concello le cedió a la Xunta 768 metros cuadrados para ampliarlos

El espacio no sería el problema, subraya la alcaldesa, como ya hizo hace un año. La cesión de los locales para ampliar la sede, de la que se empezó a hablar en el 2012 y se aprobó en pleno en el 2015, ha sido formalizada.

El Concello, afirma Loureiro, le ha dado a la Xunta 768 metros cuadrados en espacios anexos a los actuales: 37 de superficie útil en la planta baja, 257 en la entreplanta, 175 en la primera y un garaje-almacén de 299 metros cuadrados. Por tanto, «A Xunta xa dispón dos locais cedidos, que permitirían mellorar e ampliar as instalacións».

Además de acreditar que el ámbito civil el juzgado número 1 de Viveiro recibió el año pasado un 61 % más del trabajo que puede asumir, el CGPJ le ha propuesto una larga lista de deberes a la Xunta, con idea de corregir carencias que repercuten en la ciudadanía y los profesionales.