Una larga lista de deberes pendientes para mejorar los juzgados de Viveiro

El Poder Judicial detecta carencias que afectan a ciudadanos y funcionarios

Foto de archivo del vestíbulo de los juzgados viveirenses, con el ascensor y las escaleras, único acceso a la entreplanta
Foto de archivo del vestíbulo de los juzgados viveirenses, con el ascensor y las escaleras, único acceso a la entreplanta

viveiro / la voz

Son dos, con personal propio y tareas repartidas prácticamente a la mitad, con materias compartidas y ámbitos competenciales propios. Tres inspecciones de órganos superiores desde noviembre del año pasado llaman la atención. Este 14 de octubre estaba prevista la última, pero los diagnósticos de las dos anteriores coinciden. Los funcionarios extrapolan el más reciente, el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el juzgado 1 de Viveiro, al 2. «Soporta una carga de trabajo notablemente superior» a la que puede asumir en materia civil, por lo que acumula retrasos, aunque en el ámbito penal ha experimentado «una importante reducción». Con los recursos humanos de los que dispone, el CGPJ concluye que su situación general «resulta satisfactoria; todo ello gracias al loable esfuerzo realizado por sus actuales integrantes». Aun así, señala que mejoraría para los ciudadanos y los funcionarios resolviendo una larga lista de deberes pendientes.

Como «propuestas» las enumera el CGPJ. Se las plantea a la Consellería de Xustiza porque suyas son las competencias en la gestión de recursos personales y materiales de los juzgados viveirenses. Sobre la dotación humana, propone un funcionario más para el juzgado decano, el 1, o prolongar la jornada laboral de los dos que se alternan cubriendo esa carencia. Como las bajas de personal tardan en cubrirse hasta un mes, también sugiere sustituir vacantes «con prontitud» y con interinos con «formación y experiencia».

No lo menciona el Poder Judicial, pero sí lo hacen constar públicamente trabajadores que regalan horas extraordinarias «sin compensación alguna, a excepción del deber cumplido y la satisfacción de sacar adelante un servicio público esencial».

Detenidos en los pasillos

Doce medidas plantea sobre el inmueble, sus dotaciones materiales y los servicios. Aunque son recientes las últimas reformas para corregir humedades y fugas, persisten «problemas de estanqueidad» en un edificio construido en 1994 «cuyo grado de conservación no es adecuado».

Mientras las dimensiones de los despachos las considera apropiadas, el CGPJ propone «reorganizar espacios sobredimensionados» porque la oficina judicial «es demasiado pequeña e incómoda para la atención a los ciudadanos y profesionales».

Porque ahora deben «esperar en los pasillos», recomienda equipar a los juzgados de una sala para custodiar detenidos. También pide mobiliario o instalaciones en la sala de juicios para preservar las declaraciones de personas que «deban contar con especial protección».

Forenses y fiscales

Las zonas dedicadas a archivo «no se consideran suficiente para atender las necesidades, aunque su estado de conservación es adecuado». Como los armarios y estanterías donde guardan los procedimientos en trámite «son insuficientes y no todos cuentan con puerta y con cerradura», el Poder Judicial aboga porque se resuelva, bien dotando a los actuales de puerta y cerradura o comprarlos con ellas.

Forenses del Instituto de Medicina Legal de Lugo se reparten «de forma simultánea» entre los partidos judiciales de la provincia. Eso «entorpece la labor de los juzgados de Viveiro», adonde acude uno los lunes y los jueves, y, el resto de días, si es preciso, se desplaza desde Lugo el de guardia. Afecta al funcionamiento judicial, pero «muy especialmente al servicio a los ciudadanos, que se ven obligados a acudir» un día para declarar y otro para ir al forense. Un inconveniente para víctimas, sobre todo «para las de violencia de género».

El CGPJ plantea a Xustiza «adoptar las medidas oportunas para que los informes periciales de los equipos psicosociales del Instituto de Medicina Legal de Lugo se emitan en plazos más breves». Ahora son extensos y exhaustivos, y no hay demoras en la causas penales con preso.

Porque para el ciudadano «supone un coste de desplazamiento que, en ocasiones, no puede permitirse», el Poder Judicial también recomienda a la Xunta considerar «y, en su caso, constituir» un punto de encuentro familiar» para que progenitores y parientes de parejas en conflicto puedan relacionarse con sus hijos sin tener que desplazarse a Lugo o a Ferrol, como ahora.

A la Fiscalía Provincial de Lugo le plantea corregir «la demora de entre tres y cinco meses de los fiscales» en los informes que solicitan los juzgados viveirenses a los fiscales de Mondoñedo para decidir si transforman las diligencias previas en procedimiento penal abreviado.

Sin salidas de emergencia, sin plan de riesgos laborales y sin arco de seguridad

Un ascensor salva las barreras arquitectónicas en el edificio, cedido por el Concello a Xustiza, de los juzgados viveirenses. Sin embargo, «no para el acceso a la entreplanta, donde se encuentra la sede del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación laboral. El inmueble tampoco «dispone de baño adaptado» para personas con movilidad reducida.

El informe del Poder Judicial constata que el edificio «cuenta con extintores, pero no con salidas de emergencia». Por lo que le contaron los funcionarios destinados en Viveiro a los inspectores, ninguno tiene «conocimiento de la existencia de un plan de prevención de riesgos laborales, sin que se hayan realizado simulacros de evacuación para casos de emergencia». Por tanto, propone a la Xunta que, «de forma coordinada» con el propio CGPJ y el Ministerio de Justicia «se adopten las medidas preventivas que procedan».

Traducciones tardías

De la seguridad de los juzgados se ocupa una empresa privada, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, pero en el edificio «no existe arco de seguridad ni escáner» para detectar objetos prohibidos.

Otra empresa privada se ocupa de traducir las declaraciones de personas citadas, pero «en alguna ocasión no han aparecido, pese a haberse solicitado sus servicios en forma, y a veces es necesario insistir para que acuda un intérprete». Para evitar esa «demora» el Poder Judicial propone a la Xunta «adoptar las medidas oportunas», que también pide para conseguir «plazos más breves» en la traducción de documentos.

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