Pide 44.000 euros en créditos a nombre de otro y se libra al prescribir los delitos

La Fiscalía propone a la Audiencia de Lugo sobreseer un caso tramitado en los juzgados de Viveiro

Imagen de archivo de los juzgados de Viveiro
Imagen de archivo de los juzgados de Viveiro

viveiro / la voz

Si la Audiencia Provincial de Lugo comparte el planteamiento de la Fiscalía de Mondoñedo, quien pidió dos créditos bancarios suplantando presuntamente a otro se librará de ser condenado porque, en el caso de probarse, ambos delitos «han prescrito». Se solicitaron en 2005 y en 2009, se denunciaron en 2017 y está previsto juzgarlos este viernes.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Viveiro tramitó un caso que está previsto juzgar este viernes en la Audiencia lucense. La denuncia se presentó el 20 de abril de 2017. El 25 de ese mes el juzgado viveirense abrió diligencias previas. Según la acusación pública, actuó contra quien habría solicitado créditos «en una entidad bancaria suplantando la identidad de otra persona, firmando en su nombre dos contratos de préstamo mercantil sin su consentimiento ni conocimiento alguno».

Siempre según el relato de la Fiscalía, uno de los créditos se formalizó el 10 de octubre de 2005, por un importe de 22.654 euros. El otro, de 21.291 euros, se hizo efectivo el 9 de enero del 2009. Por cualquiera de ellos, un particular puede ser condenado a penas de prisión de entre seis meses y tres años y a multas de entre seis y doce meses, aplicándole cada día una cuota.

Diez o cinco años

El ministerio fiscal solicita a la Audiencia el «sobreseimiento provisional» invocando el Código Penal, según el cual «los delitos prescriben a los diez años cuando la pena máxima señalada por Ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y no exceda de diez». Ese plazo se reduce a la mitad en «los demás delitos, excepto los delitos leves, los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año».

Distinto sería a la supuesta falsedad en documento mercantil cuyo sobreseimiento solicita si esta fuese aparejada a un delito de estafa. En esas circunstancias, añade la Fiscalía, prescribiría cuando se hubiese cometido la última infracción.

Para proponer que se archiven las acciones judiciales contra el o la solicitante de los dos créditos, la acusación pública se inclina por tener en cuenta «la fecha en la que fueron formalizados los contratos de préstamo». A los razonamientos anteriores añade que «aun habiéndose cometido la supuesta falsedad en documento mercantil [ese caso tramitado por el juzgado de Viveiro], no supondrá un ilícito penal punible porque han prescrito».

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