Al banquillo por avalar la compra de un local en Viveiro con bienes que no tenían

Dos mujeres y un hombre se sentarán el próximo martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo para responder del «delito de defraudación» que les imputa la Fiscalía. Todos sin antecedentes penales, están acusados de avalar con bienes que no tenían la compra de un local en Viveiro «donde presuntamente proyectaban instalar una residencia geriátrica». El Ministerio Público solicita que cada uno de los tres acusados sea condenado a cuatro años de prisión y que indemnicen a la inmobiliaria que les vendió el inmueble con 180.000 euros, más los perjuicios.

Todo comenzó a principios de siglo, cuando una sociedad vendió un local situado en Viveiro. Una de las acusadas avaló la compraventa con un piso situado en Oviedo, «del que decía ser propietaria». La empresa que les vendió el inmueble denunció y en el 2006 las dos mujeres fueron condenadas a pagarle 192.000 euros, más intereses y costas.

Fiscalía añade que la sociedad que vendió el inmueble pidió que se ejecutase el aval, y el juzgado «acordó el embargo del piso de Oviedo». Comenzaba el 2007 y se toparon con lo que el Ministerio Público califica de «sorprendente resultado, de que tal vivienda no pertenecía ni había pertenecido nunca a la acusada» que dijo ser la propietaria.

La empresa a la que compraron el local de Viveiro se querelló contra las dos mujeres. Según Fiscalía, «con el fin de frustrar cualquier tipo de actuación ejecutiva contra su patrimonio y de engañar», a principios del 2008 le entregaron dos pagarés, de 90.000 euros cada uno. Los libraba el acusado, contra la cuenta bancaria de una sociedad.

El Ministerio Público añade que los pagarés «obedecían, supuestamente», a que él le había comprado a las dos mujeres una finca que ellas habrían adquirido mediante documento privado. Sin embargo, «estas compraventas eran totalmente; esto es, ni las acusadas habían comprado finca alguna en Covas, ni vendían».

Según Fiscalía, esa operación «únicamente pretendía dar una apariencia de legitimidad a los pagarés» que el acusado, de acuerdo con las dos acusadas, «había emitido sin que respondiera a ningún negocio real, por cuenta de una empresa que ni tenía actividad ni patrimonio alguno». Tratarían así de «responder de su pago, con la única finalidad de ocasionar engaño» a la inmobiliaria que vendió el inmueble. El Ministerio Público añade que objetivo sería que «desistiera de cualquier actuación judicial, penal o civil frente a las acusadas».

Si no se suspende, los tres serán juzgados el próximo martes.

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