El expárroco de Ribadeo y Trabada regresa para ser juzgado por la desaparición de arte sacro

La Voz RIBADEO / LA VOZ

TRABADA

El expárroco (izquierda), acompañado de su abogado en una foto de archivo tomada en Mondoñedo en el 2013.
El expárroco (izquierda), acompañado de su abogado en una foto de archivo tomada en Mondoñedo en el 2013. PEPA LOSADA

La audiencia Provincial de Lugo acoge hoy y mañana el juicio contra este valenciano que formó parte de la curia entre el 2008 y el 2012

20 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

El expárroco valenciano José Emilio Silvaje Aparisi regresa siete años después a Lugo para ser juzgado, hoy y mañana en la Audiencia Provincial, por la desaparición de imágenes y objetos de culto en iglesias de parroquias que él atendía en Ribadeo y Trabada. En su breve paso por la curia, apenas tres años desde el 2008 al 2012, Silvaje se convirtió en un personaje mediático, ganándose legiones de fieles y después de detractores, cuando fue acusado por el ministerio fiscal de un delito de apropiación indebida por el que pide una pena de cuatro años y medio de prisión. Además de Silvaje, se juzgará a un coleccionista mindoniense, José Jaime de Orozco, por un delito de receptación.

Silvaje siempre ha proclamado su inocencia ante un escándalo que saltó en 2012, cuando se echaron en falta dos tallas (una Virgen del Rosario y una Santa María) en la iglesia de Sante, en Trabada. Para entonces Silvaje, que había llegado a A Mariña de la mano del obispo emérito Gea Escolano, atendía ya 15 parroquias. Poco después colgó el hábito, de nuevo acaparando titulares de prensa con una carta pública en la que pedía al entonces obispo, Sánchez Monge, que dejase el báculo y cogiese la escoba. Tampoco dudó en airear su verdad en un reportaje en la revista Interviú.

Por la Audiencia Provincial pasarán hoy y mañana numerosos testigos, entre ellos el vicario general de la diócesis y el delegado del Patrimonio.

Siete años después, sigue ignorándose dónde están muchos de los objetos desaparecidos, parte de los cuales fueron tasados en 25.000 euros, pese a lo cual el Obispado, que reconoció graves carencias en sus inventarios de bienes culturales, declinó personarse como acusación particular.