Extingue la encomienda para la de A Fonsagrada y suma Pol, Trabada y Castroverde
22 jun 2018 . Actualizado a las 22:27 h.Después de la reciente sentencia contra Suplusa y del informe emitido por un catedrático de la Universidade da Coruña, el gobierno de la Diputación toma las riendas y el control de las residencias provinciales. El presidente, Darío Campos, informó que el gobierno está poniendo a nombre de la Diputación los centros de mayores de Trabada, Pol y Castroverde, «é dicir, a incluír no inventariado de bens do organismo provincial estes bens, como titular dos mesmos; ao tempo que ordenou extinguir a encomenda de xestión de Suplusa sobre o centro de maiores da Fonsagrada (pois era outra encomenda máis ou diferente a das restantes residencias) para inventariala tamén e poder solicitar o seu correspondente Permiso de Inicio de Actividade (PIA), pois Suplusa non o tiña feito a diferenza dos outros centros», señalaron desde el gobierno. Las de Trabada, Pol, Castroverde y A Fonsagrada son las residencias que están terminadas. Se están finalizando las de Pedrafita y Ribas de Sil, que serán las siguientes en inventariar en la Diputación. La de Ribadeo figura a nombre del Concello, pues fue construida desde el municipio con fondos del organismo provincial.
Campos explicó que en la comisión de gobierno dio cuenta de la sentencia anula los estatutos de Suplusa que propuso el PP, así como el consello de administración resultante de esa modificación estatutaria y los acuerdos adoptados por los mismos, siendo todos en los que se refiere a la red pública de residencias y centros de día construidos con los fondos públicos de la Deputación.
Además, el presidente socialista informó que esta misma semana mantuvo otra reunión con los alcaldes de Trabada, Pol, A Fonsagrada, Ribadeo, Pedrafita e Ribas de Sil, en la que también participaron los técnicos para: firmar los convenios de colaboración aprobados que garanticen que las 190 plazas de residencia y 90 de centro de día que ofrecen los seis centros de mayores que financió la Deputación «sexan para veciños da provincia (primeiro para os do concello, logo para os da comarca e seguidamente para lucenses en xeral) e que o acceso ás mesmas sexa universal, é dicir, con independencia da capacidade económica dos usuarios, ofrecendo axudas económicas dende a Deputación». En esa reunión ultimaron el reglamento de acceso y la ordenanza fiscal que regula los precios de las plazas. «O obxectivo é abrir as primeiras residencias entre finais deste ano e inicios de 2019», explicaron desde el gobierno socialista.