El Concello de Foz recibirá el 10 % del importe de las multas que Legalidade Urbanística imponga en suelo rústico

Por unanimidad fue aprobado en pleno el convenio de adhesión del Concello de Foz a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). El alcalde, Javier Jorge Castiñeira avanzó que las inspecciones de los técnicos de la APLU se desarrollarán de forma inicial en suelo rústico y en núcleos rurales. También adelantó que, al amparo del convenio, el Ayuntamiento abonará 50 euros por núcleo y percibirá el 10 % de lo recaudado por Legalidade Urbanística en concepto de sanciones o multas. La portavoz del BNG, Lorena Seivane, espera que la APLU haga cumplir la ley por igual a todos los focenses, vecinos y constructores, y Ramón Candia (PSOE) confía en que la APLU sea igual de diligente a la hora de acabar con el feísmo que representan los chalés abandonados de A Areoura que con el resto de los trámites. «Confiemos que a norma se aplique por igual para todos», sentenció.

En el pleno del jueves no salió adelante la votación de urgencia de una moción del BNG en la que se pedía al Concello que pusiera a disposición de los vecinos un servicio de recaudación para informarles de todo el proceso del cobro de los recibos atrasados de la contribución (IBI), facilitando un modelo de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, y para ayudarles a cubrirlo.

Residencia y centro de día

Por otra parte, tanto BNG como PP insistieron en el pleno que en su día votaron a favor de que el Concello asumiera las competencias del futuro geriátrico para que los residentes del asilo no se quedaran en la calle y para preservar el empleo de las quince trabajadoras. El anteproyecto de gestión indirecta del futuro geriátrico contempla 40 plazas de residencia cuyo coste irá desde los 900 a los 1.355 euros al mes, mientras que cada plaza del centro de día costará entre 225 y 600 euros al mes.

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