La Audiencia ordena al juez rastrear tres webs porno para descubrir al autor de las grabaciones en A Maruxaina
CERVO
Se indagará además quién alquiló el auto donde estaba la cámara, después de que una de las páginas notificase el mail e ID desde el que se publicó el vídeo
12 nov 2021 . Actualizado a las 08:19 h.La identidad del autor de las grabaciones a más de 80 mujeres orinando en una plazoleta de San Cibrao (Cervo) en agosto de 2019 durante la fiesta de A Maruxaina, que fueron colgadas en páginas web de contenido pornográfico, está más próxima a descubrirse. Es así tras el auto de la Audiencia Provincial de Lugo del jueves en el que ordena al magistrado de Viveiro que archivó en dos ocasiones la causa reabrir la investigación y practicar las diligencias solicitadas en su momento por el Ministerio Fiscal y dos de las denunciantes.
Durante la instrucción del caso, el juez remitió oficios a tres páginas webs donde aparecían las escenas grabadas sin consentimiento de las mujeres para que le informasen quién las había enviado. Una de ellas contestó, identificando un correo electrónico y un número IP correspondiente a un ordenador. Los responsables de las otras dos páginas web no llegaron a hacerlo. Ahora deberá aclararse quién está detrás de este correo electrónico y a quién corresponde la IP. El juez también deberá insistir ante las otras dos páginas web en que le envíen la información que les solicitó.
Otra diligencia que quedó pendiente se corresponde con el vehículo junto al que se colocó una cámara oculta. Por la matrícula se supo que era de alquiler y ahora se indagará quién lo usó. Además, el coche estaba estacionado en una zona de circulación restringida. Se averiguará si el Concello de Cervo dio alguna autorización para ello.
Son diligencias que quedaron sin concluir y que ahora, a raíz del auto de la Audiencia Provincial de Lugo, el juez de Viveiro deberá retomar «así como cuantas considere para poder culminar la averiguación de los hechos».
El concepto de intimidad
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro zanjó inicialmente la investigación y, ya en septiembre de este año, desestimó los recurso de reforma presentado por las víctimas argumentando que las grabaciones se habían realizado en un lugar público.
La Audiencia Provincial revoca la decisión, al entender que las mujeres estaban en un lugar «apartado de la vista de personas ajenas». Los jueces también dicen que, en principio, «quien actuó colocando los elementos de grabación era conocedor de que se trataba de un lugar reservado y que ya venía siendo utilizado en años anteriores para poder orinar las mujeres sin estar a la vista de terceros».
En el auto, la Sala subraya que el concepto de intimidad no se puede limitar al ámbito doméstico o privado. Así, explica que el Tribunal Constitucional «declara expresamente que el ámbito de cobertura de este derecho fundamental viene determinado por la existencia de una expectativa razonable de privacidad». Desde la asociación Mujeres en Igualdad de Burela (Bumei), que se personó en la causa como acusación, su presidenta, Mary Fraga, manifiesta que el auto de la Audiencia «es un gran logro, no solo por las mujeres que han sido grabadas, sino por todas las mujeres y por las generaciones futuras. Es una satisfacción enorme después de tanto desánimo. En este proceso las víctimas han sentido que la ley y la justicia no estaban de su parte. Volvemos a creer».
Reconoce también que en este proceso pasaron por momentos en los que cundió el desánimo: «Hubo víctimas que cuando se archivó el caso ya no quisieron volver a hablar más del asunto, porque se sentían humilladas. No entendían cómo la justicia no las defendía cuando se estaba comercializando con sus cuerpos. Ahora, lo que volvemos a pedir es que se haga justicia y que esto no vuelva a ocurrir. Hay víctimas que siguen a tratamiento psicológico».
Por su parte, el abogado de algunas de las mujeres denunciantes, José Manuel Oliveros, expresa su satisfacción «porque la Audiencia sí considera que hay claros indicios de que se atentó contra la intimidad de las mujeres a pesar de estar en una vía pública, en contra del criterio del juez de Viveiro. Ese era el argumento de los recursos. Y también porque se podrá esclarecer quién o quiénes fueron los autores de las grabaciones».
