Burela ratifica que las farmacias deberán pagar por los dispensadores de medicinas

El Concello desestimó el recurso presentado por las boticas contra la tasa municipal

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BURELA / LA VOZ

Las titulares de las cuatro farmacias de Burela registraron en mayo un recurso de reposición en el que pedían la exención de una tasa que el Ayuntamiento les pasó al cobro en concepto de ocupación de vía pública con cajeros automáticos con el objetivo de gravar los dispensadores de medicamentos. Recientemente, el Concello les comunicó a los boticarios la desestimación del recurso, ratificándose en la legalidad de la tasa municipal (197,14 euros por cajero). La resolución fue adoptada por la junta de gobierno, que se reunió a comienzos de julio, y que resolvió en base a un informe emitido por la tesorera interina. La junta fue la que también en abril de este año acordó las liquidaciones.

Entre las alegaciones, las farmacéuticas argumentaban que las ventanillas de los servicios nocturnos de urgencia no son cajeros automáticos sino un servicio que están obligados a prestar por la normativa vigente. En lo que respecta a la referencia a los cajeros, sostiene la tesorera que la alegación carece de fundamento jurídico: «A liquidación practicada atopa fundamento no suposto previsto no apartado 2.5 do mesmo artigo, no que prevé a cota liquidable no caso de ocupación do solo con aparatos de pesaxe, venda automática, fotografía e similares». Con respecto a la alegación de que es un servicio obligatorio y un elemento de seguridad, desde Tesorería aluden a un pronunciamiento de la Dirección Xeral de Tributos que le confiere autoridad a las entidades locales: «En los términos previstos en esta ley podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local». En el informe emitido se indica que «la instalación de cajeros automáticos o ventanillas, bien sean de entidades financieras o de cualquier otro tipo de empresas (como puede ser el caso de las farmacias planteado en la consulta), en línea de fachada y orientados hacia la vía pública, con la evidente finalidad de posibilitar su utilización por todo usuario (..) supone un aprovechamiento no privativo, pero sí especial, de la vía pública por parte de la entidad titular del referido cajero automático».

La ordenanza fiscal que regula la tasa (número 7) fue aprobada en 1988 y modificada en el 2016. En octubre del 2017 la Policía Local emitió un informe sobre las ocupaciones de la vía pública reguladas en la norma municipal.

Entre las circunstancias más llamativas que rodean este caso destaca el hecho de que al menos dos farmacias confirmaran que en el 2009 recibieran una notificación similar (aquella tasa era de 182,21 euros) y, desde entonces y hasta este año, no volvieran a recibir ninguna liquidación. De esta queja también se hizo eco El Global, el periódico farmacéutico líder en España en información sobre farmacia.

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