La Justicia no ve ningún responsable en el despropósito urbanístico de Barreiros
BARREIROS
Tras eximir a la Xunta, el alcalde también queda absuelto por dar luz verde para 3.000 pisos
13 feb 2019 . Actualizado a las 21:00 h.Han tenido que pasar 12 años para concluir que nadie es responsable del desaguisado urbanístico de Barreiros, el concello lucense que fue icono del bum urbanístico de Galicia y del celo del bipartito de la Xunta en el 2006 (PSOE-BNG) para acotarlo. Hoy en Barreiros quedan grúas y edificaciones paradas, un buen puñado de compromisos incumplidos (saneamientos, traídas, viales...), y promociones que salpican el municipio sin criterio. Por el camino quedaron promotores arruinados (especuladores, pero también empresarios honrados de larga tradición) y no pocos políticos que ya son historia.
Fueron doce años en los que hubo una intervención de la Xunta en el urbanismo de Barreiros, que después el Tribunal Supremo declararía ilegal, que pinchó la burbuja inmobiliaria. También se asistió al cambio de criterio de la Xunta con el PP al frente, por el cual se retiraron las demandas contra las licencias y se promovió un convenio firmado con la Diputación de Lugo (PSOE-BNG) y el Concello (PP) para invertir 14 millones de euros de dinero público para dotar de servicios a los solares con licencias, que también fue anulado en los tribunales y que no ha llegado a ejecutarse. Y quedaba el juicio al alcalde, la Junta de Gobierno local del 2006, y a la arquitecta municipal por la concesión de unas 45 licencias para construir 3.000 pisos. El magistrado del juzgado de lo Penal de Lugo los acaba de absolver a todos.
La conclusión, tan simplista como evidente, es que ni a nivel político ni jurídico hay responsables de lo ocurrido en Barreiros.
En esta última demanda, la fiscalía solicitaba para los acusados penas de entre 6 meses y dos años de prisión por un delito de prevaricación urbanística. Las licencias fueron aprobadas por unanimidad. Todas contaban con informes favorables de la arquitecta municipal, pero había al menos dos rotundamente en contra de la secretaria. El juicio se celebró en noviembre en Lugo. Por la sala pasaron decenas de testigos, constructores, políticos, funcionarios... para que el juez dilucidase la principal controversia: si las licencias se habían concedido en suelo urbano consolidado o no consolidado, es decir, si las parcelas tenían servicios suficientes (red de agua, saneamiento, acometida eléctrica, viales) o, en caso contrario, podrían completarse con obras accesorias o de escasa entidad.
Como era de esperar, la postura de las acusaciones y de la defensa fue opuesta, pero es que ni los peritos ni los propios técnicos de la Xunta (alguno de los cuales reconoció haber emitido informes que justificaron la intervención del Gobierno autonómico en 2007 sin haber visitado Barreiros, solo basándose en fotografías) se pusieron de acuerdo sobre este extremo.
El juez concluye que tiene ciertas dudas sobre si la actuación de los acusados fue totalmente legal, pero sí tenía cierta apoyatura porque el suelo podía ser consolidado, no había informes jurídicos contundentes sobre la improcedencia de las licencias y tampoco fueron advertidos sobre la ilegalidad que podrían cometer.
